Límite a las clínicas: por acuerdo o por ley

Las clínicas privadas están echando combustible a una olla lista para ser encendida. Si alguien no lanza un fósforo ahora, lo hará el 2021. Ahí no podrán decir ¿qué pasó? Los dueños y directores de las clínicas, que están cobrando entre 200 mil y 700 mil soles para salvar la vida de un paciente COVID, serán de los principales responsables de esa explosión.

Las familias terminan llevando a sus enfermos a las clínicas no porque les acomode más, sino porque no tienen otra opción: los hospitales públicos han estado saturados por la sobredemanda. ¿Se supone que deberían dejar morir a sus padres, cónyuges o hijos mientras esperan una cama pública si existen privadas libres?

Los servicios básicos, como la salud, deben ser accesibles para todos. Si los hospitales están saturados, el Estado no puede permitir que familias enteras sean acogotadas por las clínicas. Las reglas de la oferta y demanda son eficientes para asignar recursos, pero la salud no puede estar a merced de esa fuerza: cuando uno está enfermo de muerte no tiene capacidad de negociación o elección.

El gobierno se está mostrando muy débil frente a una urgencia tan grande, incapaz de negociar contundentemente con las clínicas. Zeballos y Zamora, al decir que intentaron pero que las clínicas no quieren, demuestran no tener madera para usar el poder de negociación estatal que permita llegar a un acuerdo. Si no contamos con ellos, que venga otros a poner la salud primero sobre los intereses de unos pocos.

Si las clínicas igual siguen sin aceptar, Vizcarra no debería dudar en intervenirlas temporalmente, estableciendo una tarifa social, activando el intercambio prestacional y extendiendo el ámbito de atención, bajo la premisa de que las instalaciones privadas tienen que estar al servicio de la sanidad pública. La Constitución y la Ley General de Salud (art. 82) se lo permiten: simplemente tenemos que salvar vidas.