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Hace 18 semanas, el Gobierno nacional decretó el inicio de una interminable cuarentena. Hace dos, la levantó en Lima y algunas regiones a excepción de Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Áncash, Junín, Ica y Arequipa. Ahora, el Gobierno, enfrascado en nuevos nombramientos y en quehaceres políticos, no muestra preocupación cabal por la situación deplorable que se vive en esas regiones.
El confinamiento se sostuvo en la necesidad de ganar tiempo para implementar nuestro pobrísimo sistema de salud; sin embargo, los esfuerzos solo se hicieron para mejorar la infraestructura en Lima: pronto la Villa Panamericana se convirtió en un gran hospicio y día a día escuchamos al presidente informar cómo se proveían camas UCI para los hospitales públicos de la capital. Era necesario hacerlo. ¡Nadie lo niega! Pero no por ello había que dejar a su suerte al resto del país.
El último domingo, tres técnicos de enfermería, agotados por el cansancio y el temor a contagiarse, tuvieron que acomodar a los muertos, de dos en dos, en bolsas de basura; la morgue del hospital Honorio Delgado de Arequipa había colapsado y no tenía siquiera empaques mortuorios para envolver y sellar los cadáveres que empezaron a llegar, por decenas, al inicio del fin de semana.
Arequipa vive su peor hora. La pandemia la está devorando.
La ineficiencia e irresponsabilidad de Cáceres Llica, el gobernador de la región, estaban anunciadas. Las autoridades nacionales lo conocían y sabían que sería incapaz de afrontar la crisis que sobrevenía. El propio presidente Vizcarra había experimentado su calaña durante los sucesos a causa del proyecto minero Tía María, y la ahora ministra Mazzetti había tenido que enfrentarlo cuando, asumiendo la jefatura del Comando de Operaciones COVID-19, visitó la ciudad.
Aun así, el Minsa y el Comando COVID firmaron con él la resolución que creaba la versión regional de la entidad que se encargaría de proveer los protocolos y atender las necesidades para enfrentar la pandemia. Aun así, le encargaron la crisis y le remitieron el presupuesto. Como consecuencia, en este momento no hay camas UCI, no hay oxígeno, no hay medicamentos; lo que abunda es caos, desorden, politiquería y muerte.
El general Edward Gratelly, al mando del Comando COVID de Arequipa, es una víctima; Cáceres Llica le ha puesto todas las piedras posibles en el camino; incluso ha prohibido que los hospitales reciban el oxígeno donado por la empresa minera Southern.
Los arequipeños sostienen que les están vendiendo la ivermectina que el gobierno regional debiera entregarles gratuitamente. Que los socios de Cáceres Llica han traficado hasta con los permisos para circular. Que los camiones del Ejército no tienen gasolina para ayudar a trasladar los cadáveres a los cementerios. En medio de esta crisis sanitaria, siete distritos estuvieron una semana sin agua.
El jueves, la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó una multa contra Cáceres Llica impuesta por un juzgado civil en abril pasado. La sanción es por no haber implementado el protocolo de prevención contra el COVID-19. Hace dos meses era público que el gobernador no había movido un dedo para preservar la ciudad. El Gobierno no hizo nada. Si no lo hace ahora, no se le podrá perdonar.
