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Licencia para ganar

“Tal vez animado por tantas impunidades ajenas, alegó, al ser puesto en evidencia, que él ‘había pedido licencia como parlamentario’”.

Richard Acuña

Acuña consideró que el Parlamento debería evaluar  los sueldos de las autoridades públicas para que gane "lo que debería ganar cada uno". (Foto: GEC)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

Con el registro del uso y abuso del poder político para favorecer intereses particulares en el Perú de este primer tramo del siglo XXI, se podría llenar un tomo casi bíblico. No solo por los gruesos encubrimientos de delitos que ciertos grupos de poder han ejercido con total impunidad, como ocurre en el Congreso desde las últimas elecciones presidenciales, sino por el cariz de negociaciones que, con el mismo fin, establecen con ciertas bancadas a cambio de quién sabe qué prebendas, no siempre limitadas a votaciones en el hemiciclo.

El cinismo o la venalidad parlamentaria, a fuerza de repetirse todos los días, tiende a “normalizarse”; es decir, apuestan todos ellos a que la opinión pública termine aceptándolos como hechos nefastos, sí, pero a la vez cotidianos e inevitables en el paisaje de la política local: el reino de lo “normal nomás”.

No es difícil adivinar que algo parecido, como mínimo, debe haber pasado por la cabeza del congresista Richard Acuña, de Alianza por el Progreso (APP), cuando habría hecho gestiones –no otra cosa significaba su presencia en el trámite– ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en favor de la Universidad Señor de Sipán.

Hijo del magnate universitario –con títulos, maestrías y doctorados de cuestionada credibilidad académica– César Acuña, Richard, tal vez animado por tantas impunidades ajenas, alegó, al ser puesto en evidencia, que él “había pedido licencia como parlamentario” y que no había hecho nada ilegal, argumento que hubiera sido solo risible si no fuera el colofón de tantas modalidades de tráfico de influencias en las que este Parlamento parece ser pródigo.

Si bien en anteriores incidentes, cuando fue denunciado por fraude procesal y uso de documentos falsos para apropiaciones ilícitas, Richard Acuña la libró gracias a los votos, faltaba más, de la bancada aprokeikista, esta vez la tendrá difícil en la Fiscalía y en la Comisión de Ética del Legislativo, salvo por supuesto que, para ignominia mayor de este Congreso, otorongo salve nuevamente a otro otorongo: cosa de todos los días. Blindaje, le dicen.

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