(Mario Zapata/Perú21)
(Mario Zapata/Perú21)

En 1988, cayó en Lima Osmán Morote, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y número dos en el orden de sucesión después de Abimael Guzmán. La justicia de ese entonces le impuso una pena que fue luego cambiada por cadena perpetua y, más adelante, por 25 años de prisión.

Esos 25 años se cumplieron en el 2013; sin embargo, Morote y Margot Liendo –miembro también de la cúpula senderista– continuaron presos hasta esta semana, cuando el Poder Judicial dispuso el arresto domiciliario para ambos terroristas.Como era de esperarse, se han alzado voces desde prácticamente todos los sectores democráticos de la sociedad: desde el procurador antiterrorismo hasta el Ministerio Público y el propio presidente de la República han criticado la liberación de un criminal de la calaña de Morote. Frente a esto, el Poder Judicial publicó un escueto comunicado en el que se explica por qué la libertad de estos mandos terroristas se ha dado conforme al Derecho y cómo es así que nuestro sistema judicial es –casi, casi– el de un cantón helvético.

El Poder Judicial tiene un punto: si la condena que estaba purgando Morote ya llegó a su fin, no hay mucho que podamos los peruanos reclamar. Son, nos guste o no, las reglas del juego. El momento, en todo caso, de alzar la voz fue cuando la condena se impuso. Pasó, hace poco, lo mismo con las terroristas Garrido Lecca o Huatay. El tema está en que el Poder Judicial cree que, con este argumento, agachadito detrás de las leyes, puede impedir la indignación y el repudio de una sociedad que todavía no ha cicatrizado.

Ahora bien, esa indignación carece –como ya dije– de fundamento legal en el extremo de que tiene que ver con la liberación de los terroristas de acuerdo al mandato de la ley y sus plazos. Pero, hablando de plazos, hay algunos que el Poder Judicial esquiva con mucha habilidad en su comunicado: Osmán Morote está acusado de haber sido el autor de la masacre de Soras y también del atentado en la calle Tarata. Desde Soras han pasado 34 años y desde Tarata casi 26. Pero parece que el Poder Judicial no anda apurado.

¿Qué tal si, en vez de justificar barbaridades con papelitos leguleyos, les dan justicia a las familias de los muertos en Soras y en Tarata? Hagan su trabajo.