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La ley de la turba

“Lejos de zanjar la controversia con una decisión firme, se limitan a patearla para adelante, en una maniobra legal de la que sale fortalecido el liderazgo antiminero”.

Tía María: Ejecutivo autoriza intervención de Fuerzas Armadas para mantener orden en Matarani

La actuación de las FF.AA. se dará en apoyo a la misión de la policía y no significará un relevo de esta. (Foto: Andina/Referencial)

La ley de la turba. (Foto: Andina/Referencial)

Editorial Perú21
Editorial Perú21

En lo que constituye una grave abdicación ante las amenazas de las turbas enardecidas, el gobierno suspendió la licencia otorgada a la Southern Perú CC para poner en marcha el proyecto de Tía María. Aunque se trata de una medida temporal que no puede durar más de cuatro meses, Martín Vizcarra y el gabinete de Salvador del Solar dan –con la resolución del Consejo de Minería, organismo del ministerio de Energía y Minas– una pobrísima imagen al país y los inversionistas de todo el mundo.

Lo peor es que lejos de zanjar la controversia con una decisión firme, se limitan a patearla para adelante, en una maniobra legal de la que sale fortalecido el liderazgo antiminero de las autoridades de la región arequipeña, que, en su mayoría, más allá del discurso beligerante, muy poco han hecho hasta ahora en favor de las comunidades que las eligieron: hace nomás unos días se publicaban cifras irrisorias, por ejemplo, de la ejecución del presupuesto asignado al gobierno regional de Arequipa. Es decir, autoridades –algunas incluso con prontuario policial– con escasa voluntad de trabajo y nula vocación administrativa, fuera de la grita callejera.

Y es ante ese cuestionable liderazgo que el gobierno central, como dice la verba criolla, ha arrugado. Por lo pronto, ya sabemos lo que ocurrirá de aquí a tres meses si el fallo del Consejo de Minería es finalmente adverso a los intereses de los levantiscos.

No se trata únicamente de una mala señal, de debilidad ante el chantaje, sino de una absoluta falta de recursos políticos y lastimoso ejercicio de autoridad en un contexto en el que el Perú necesita con urgencia poner en marcha su economía. Estamos hablando además de hacer cumplir la ley, y ni siquiera de manera perentoria, pues la empresa no iba a iniciar los trabajos del proyecto hasta después de dialogar con la población de la zona.

Cabe esperar, de momento, que el presidente Vizcarra no comience a retroceder con otras responsabilidades del Estado, pues si consideramos la intromisión en el tema de Chaglla, en el curso de pocos días ha logrado encadenar preocupantes síntomas de extravío.

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