Y la amenaza se cumplió. Como ya se hacía obvio, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, no tenía ninguna intención de retroceder con la ley que prohíbe al Gobierno contratar publicidad en los medios privados, la que en adelante llamaremos Ley Mordaza; tal y como la ha denominado el propio presidente de la República, Martín Vizcarra.
Preocupa esta coalición de votos e intereses a favor de una norma que vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y que, disfrazada de un interés en cuidar los recursos del Estado para la publicidad estatal, más bien tiene el fin de coartar la libertad y las garantías informativas de la prensa crítica y fiscalizadora.
La grosera respuesta del presidente del Congreso aquella de “vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios ‘mermeleros’” encaja perfectamente con la acción, groseramente inconstitucional de aprobar una Ley Mordaza: que viola la libertad de contratación, la libertad de información, al impedir a importantes sectores de la ciudadanía el acceso a comunicaciones de diversas entidades estatales (no todo es Lima y zonas urbanas y no todos tenemos tecnología y redes sociales); y la libertad de prensa, al afectar una fuente de ingresos que podría limitar la labor de los medios e inclusive afectar medularmente su operación.
El fujimorismo y sus aliados del Partido Aprista –donde se originó la norma–, y los votos provenientes de Alianza para el Progreso, así como los de los congresistas Justiniano Apaza (FA) y los no agrupados Yeni Vilcatoma, Jorge Castro y Julio Rosas, hicieron posible el despropósito. Habrá que ver luego, qué intereses y razones hubo de por medio para lograr esta suma de votos en donde, como sabemos, otorongo no come otorongo. Por lo pronto, habría que reflexionar sobre cómo se salvó Richard Acuña de que le levanten la inmunidad parlamentaria, para terminar, un día después, votando por una ley contra la prensa que nos ubica en la lista de países no democráticos en la región.
Solo quedará presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como ya ha anunciado el premier César Villanueva, lo cual ha sido respaldado por congresistas e instituciones representativas de los medios de comunicación y la prensa.cación y la prensa.