Ley de Promoción Agraria 2.0

La Ley de Promoción Agraria ha sido un pilar esencial en el desarrollo del sector agrario peruano durante las últimas dos décadas. Sin embargo, para enfrentar los desafíos actuales, es imperativo avanzar hacia una reforma integral que haga la ley más inclusiva, justa y resiliente.

Esta ley ha fomentado un crecimiento significativo del sector, generando empleo, aumentando la productividad y mejorando la competitividad en el mercado internacional. No obstante, este crecimiento no ha sido equitativo, y aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de miles de pequeños agricultores y trabajadores rurales que todavía enfrentan situaciones precarias.

La informalidad laboral, la pobreza rural y el impacto del cambio climático exigen una revisión profunda de la legislación vigente. La formalidad en el sector ha disminuido al 10% y la pobreza rural ha aumentado al 41.1%, lo que evidencia la necesidad de políticas que mejoren las condiciones de vida en las zonas rurales. Es indispensable una reforma que priorice la inclusión social, el empleo formal y la sostenibilidad ambiental.

La agricultura familiar, que representa el 80% de las unidades productivas agrarias en el país, debe ser el eje central de la nueva estrategia. Es crucial ampliar el acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados para estos pequeños agricultores. Fomentar la asociatividad y la cooperación entre ellos también es fundamental para fortalecer su capacidad de negociación y acceso a tecnologías e insumos. Una relación beneficiosa entre pequeños productores y empresarios con acceso a mercados y capacidad de atraer inversión puede ser una palanca que mejore las cadenas de valor agrarias.

Además, es vital aprovechar las sinergias con el sector minero para canalizar esfuerzos conjuntos que generen nuevas oportunidades para los productores sin acceso a financiamiento, asistencia técnica, mercados y otros servicios e infraestructura. Al conectar el agro con la minería, el desarrollo territorial podría lograr resultados muy positivos, mejorando la calidad de vida de los peruanos más vulnerables.

Se espera la implementación de nueve proyectos de irrigación, abarcando 258 mil nuevas hectáreas y mejorando 177 mil hectáreas adicionales, generando más de 750 mil empleos directos y 1.2 millones de empleos indirectos. Esta reforma tendría un impacto positivo significativo en la reactivación social y económica de las zonas rurales de la costa, sierra y selva, aprovechando la diversidad de microclimas en Perú para desarrollar cadenas de valor exportadoras.

Es necesario establecer un régimen tributario estable y atractivo para el sector agrario, con una reducción de la tasa del Impuesto a la Renta y la extensión de beneficios como el drawback para productos especiales. Estas medidas pueden incentivar la inversión, la formalización y la generación de empleo. No dejemos pasar más tiempo e impulsemos la Ley de Promoción Agraria 2.0 para mantener el liderazgo de Perú en Latinoamérica como potencia agroexportadora y reducir la pobreza. Perú lo merece.

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