León sin alegría. (GEC)
León sin alegría. (GEC)

Redacción PERÚ21

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El proceso que se le sigue a la disuelta congresista Luciana León Romero, del Partido Aprista Peruano, cobrará un nuevo impulso luego de que la Sala Especial Penal de la Corte Suprema denegara la apelación interpuesta por la investigada contra la orden de allanamiento a su vivienda, que motejó de “arbitraria e ilegal”, quien, además, exigía que devolvieran al Ministerio Público la documentación y los bienes que le habían sido decomisados, para denunciar y penalizar a los magistrados que aprobaron y llevaron a cabo la medida.

Es decir, una apelación en el más puro estilo intimidatorio –la mejor defensa es el ataque, suele decirse– de la mayoría fujimorista en el último Parlamento, de la que su minúscula bancada, el Apra, fue un vocinglero furgón de cola. Ya sin posibilidad de parapetarse tras algún blindaje, aunque todavía con inmunidad, signo de los tiempos, León tendrá que amansarse y someterse nomás al expediente que le abrió la Fiscalía de la Nación en el marco del caso de Los Intocables Ediles, en el que se le acusa de ser el “brazo político y legal” de esta organización criminal, presuntamente dirigida por el exalcalde La Victoria, Elías Cuba, y Alexander Peña Quispe, que se dedicaba a cobrar cupos a comerciantes y vendedores ambulantes que se ganaban la vida en el distrito victoriano.

Los cargos que afrontará no son precisamente menores: tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio, aprovechando su posición de legisladora. Todo esto a cambio de gruesas sumas de dinero que se habrían deslizado hasta su despacho con puntual periodicidad, según lo consignan sendas interceptaciones telefónicas, seguimientos y variedad de documentos incautados.

En los corredores de la Fiscalía se aclaró también que el hecho de que la imputada sea parte de la Comisión Permanente del Congreso no le alcanzará para zafar de la justicia si se requirieran “otras medidas limitativas que restrinjan derechos”, con lo que, pruebas y testimonios mediante, el cerco a León se estrechará. Y esta vez tampoco valdrá el consabido recurso partidario de achacarle los cobros indebidos a la secretaria.

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