(Foto: Alonso Chero/GEC)
(Foto: Alonso Chero/GEC)

Que en casi todas las últimas elecciones –presidenciales o parlamentarias– hayan logrado colarse al Congreso de la República una serie de personajes prontuariados o sentenciados por la justicia es algo a lo que el país no debe resignarse.

Y aunque el proyecto de reforma electoral que el Ejecutivo promovió en el 2019 haya sido jaloneado en uno y otro sentido por distinta razones e intereses, el planteamiento del congresista Gino Costa, de reformar el artículo 34º de la Constitución para que queden impedidos de postular a la Presidencia de la República o sus vicepresidencias, al Congreso, Parlamento Andino, gobiernos ediles y regionales, las personas sentenciadas en primera instancia por delito doloso cuyas penas sean de cuatro años o más, tendría que ser asumido y aprobado por este Congreso como un deber moral básico, pues serviría para desterrar, de una vez por todas, a candidatos con antecedentes por terrorismo, tráfico de drogas, violación, feminicidio, homicidio, secuestro, todos ellos violaciones a los Derechos Humanos.

El hemiciclo no puede convertirse en guarida legal de quienes buscan librarse de la justicia haciéndose elegir como autoridades en distintos poderes del Estado, como ha venido ocurriendo, no solo en casos tan notorios como los de los exparlamentarios Edwin Donayre y Benicio Ríos, sino también en una serie de altos cargos regionales o municipales, desde los cuales siniestros personajes y liderazgos populacheros siguieron cometiendo sus tropelías, o las diversificaron, ampliándolas hacia otros rubros, amparados en una dudosa voluntad popular.

Lo realmente vergonzoso es que la Comisión de Constitución, que debatirá hoy esta y otras iniciativas similares, ha presentado un predictamen que en la práctica las tergiversa, ya que solo incluye al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación como impedimentos para postular a estos cargos, dejando de lado delitos dolosos como corrupción, homicidio o proxenetismo infantil, por mencionar solo algunos. ¿A quién o quiénes pretenden proteger estos señores? De prosperar semejante maniobra, quedaría en evidencia la catadura moral y la falta de patriotismo de otro Congreso que, una vez más, no habría sabido estar a la altura de la historia.

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