Luego de que el acuerdo de colaboración con Jorge Barata quedará en nada, lo que seguiría sería la ruptura del convenio con la empresa Odebrecht, como informó ayer Perú21. Con ello se terminarían de derrumbar los casos de sobornos que involucran a la corrupta empresa brasileña con altos funcionarios del Estado, políticos y empresarios locales.
El propio abogado de Barata ha anunciado que era muy posible que se caiga el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora –hoy bajo un nuevo membrete empresarial: Novonor– e incluso se dice de puertas adentro que en el mismo Equipo Especial de Fiscales Lava Jato parecen ya resignados a esta suerte, un triste final para el que constituye quizás el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI en nuestro país.
El caso Gasoducto, que implica a Ollanta Humala y Nadine Heredia y en el que se declaró en rebeldía Barata, sería el punto de inflexión del derrumbe, un tremendo revés para el Ministerio Público y, cómo no, para la administración de justicia en el Perú, pues nos son pocos los procesos que se vendrían abajo de concretarse esta funesta posibilidad. Recordemos que existen más de veinte investigaciones en marcha que tienen que ver con la maraña de ilícitos vinculados a las actividades de esta empresa en el Perú. Todas ellas, en estos momentos, se encuentran en riesgo
Sobre el expediente Gasoducto, sin ir muy lejos, se han venido aireando discrepancias entre fiscales, procuradores y la defensa legal de Barata en torno al contenido del susodicho acuerdo de colaboración eficaz con el exejecutivo brasileño.
El abogado de este, César Nakazaki, ha sido tajante con el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía: “Se están violando los acuerdos que celebraron Perú y Brasil… Odebrecht y Barata nunca han reconocido sobornos en este caso, lo que han reconocido son los aportes de campaña de 3 millones de dólares a pedido del Partido de los Trabajadores que se entregan cuando, evidentemente, no era presidente de la República Ollanta Humala, era (solo) candidato.”
La única manera de saber quién dice la verdad es publicando el documento en su integridad y eso está en manos de los fiscales Pérez y Vela.
Pero lo cierto es que, de producirse finalmente este quiebre en los acuerdos, el Perú quedaría ante el mundo como un paraíso para los corruptos, que emergerían como los únicos ganadores de esta debacle judicial.
