Pérdidas mayores

El frenazo en el crecimiento económico de las regiones que albergan proyectos mineros empieza a hacerse notar. No es que no se advirtiera con anticipación, pero la incompetencia del Gobierno comienza a traducirse en las preocupantes cifras que arroja una actividad esencial para el desarrollo del país.

En el análisis del primer trimestre del año, el PBI de Moquegua retrocedió fuertemente (-10.6%) debido a las paralizaciones de la mina Cuajone. En Huancavelica, la tercera región más pobre del Perú, el retroceso fue de 2.4%, impactada también por el debilitamiento del sector minero. Algo similar ocurrió con Tacna.

Cuando llegue el resultado del segundo trimestre, evidentemente aparecerá en esta lista negra la región Apurímac, donde la mina Las Bambas estuvo paralizada durante casi 60 días y sobre la que pende todavía el riesgo de que, una vez cumplida la tregua y las mesas de diálogo, el próximo 15 de julio, se reinicien las protestas, bloqueos de carreteras e invasiones a los terrenos de la mina.

Y ante este nefasto escenario que solo favorece el aumento de la pobreza, el Gobierno hace poco o casi nada por desactivar de manera rápida y efectiva la conflictividad social, limitándose a desplegar su habitual verborrea ideológica y a soltar un aluvión de promesas.

En el caso de Las Bambas, Perú21 dio cuenta de que solo en exportaciones se dejaron de hacer envíos por 541 millones de dólares y se perdieron aportes por casi 300 millones de soles en impuesto a la renta y regalías.

En una coyuntura de grave crisis alimentaria mundial, no prestarle la debida atención a nuestra minería –insistimos, la actividad económica que más recursos genera para paliar el hambre y la miseria en el país– es realmente un crimen. El Estado debería enfocar sus esfuerzos en solucionar de manera definitiva estos conflictos, promoviendo, para empezar, que las demandas de las poblaciones de influencia estén acotadas a una agenda de temas concretos, reales y factibles, como se ha dicho en estas páginas. Y no con mesas de diálogo abiertas a cualquier demanda, por extravagante o ilegal que esta sea.

Si no se pone coto a este alarmante declive de la productividad minera, serán las familias más pobres de esas regiones las primeras en pagar las consecuencias.