La escena, grabada en video, la difundieron los propios alumnos. Agredir a un profesor en manada debería ser causal inexorable para la expulsión de cualquier escolar violento. Sin embargo, muchas autoridades educativas han optado por interpretar “la inclusión y la convivencia” de forma idealista quitándoles deberes y obligaciones a los alumnos. El resultado es que socavan la calidad educativa, y el respeto y la seguridad dejan de ser equitativos para docentes y alumnos. Hemos pasado del “a cocachos aprendí mi labor de colegial” del recordado Nicomedes Santa Cruz al “a darle de cocachos al profesor”. En ambas situaciones, la violencia es inadmisible.
Los casos de agresividad en las aulas van en aumento. En lo que va del año son tres mil cien casos a nivel nacional reportados al portal SíSeVe, y otros publicados en redes sociales por los propios alumnos que encuentran en la tecnología una forma de difundir su mal comportamiento como si fuera una proeza sin límites y cada vez son más graves los comportamientos disruptivos porque el indisciplinado sabe que su accionar no tendrá consecuencias importantes. De ahí a la violencia como conducta usual, hay un solo paso.
En los últimos años, surgió el debate en torno a la disciplina en los colegios, sobre todo con la promulgación de la Ley 29719, que promueve la “No violencia en las instituciones educativas”. La norma, bien intencionada, plantea que cada colegio cuente con un psicólogo. De esa manera, se prohíbe cualquier castigo al estudiante en el ánimo de que lleve una terapia de acompañamiento dentro de una política integral de educación inclusiva.
Si bien el aprendizaje sin discriminación es un objetivo necesario, cuando se presta atención a solo una de las partes, se termina generando permisividad ante graves comportamientos. Es el problema de crear una ley con parámetros idealistas sin tener en cuenta la realidad en la cual se va a aplicar. Una cosa es una ley que puede funcionar en un sistema educativo eficaz que permite equilibrar la responsabilidad y la necesidad para lograr un ambiente seguro y de respeto entre profesores y alumnos. Pero está ocurriendo algo distinto: las mismas autoridades se ven atadas por la falta de capacidad para lograr ese objetivo.
Según el Colegio de Psicólogos, son apenas 2,500 especialistas designados para 55 mil colegios que congregan a nivel nacional a dos millones y medio de estudiantes. Sin terapias ni voluntad política para cumplir la norma tendremos profesores desprotegidos y ambientes inseguros en la comunidad escolar.
En síntesis, la negativa a expulsar a estudiantes violentos que golpean a profesores o a sus compañeros es inviable. Las autoridades educativas deberían replantear las políticas y buscar un enfoque realista que asegure un sistema escolar integral para el aprendizaje y la sana convivencia en las aulas; de lo contrario, los colegios serán sinónimo de caos y miedo.
