La nueva Ley 27692, que modifica el sentido de ser de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de imponer censura y control sobre la labor que hacen las ONG en el país, es un despropósito y una agresión directa contra las organizaciones no gubernamentales, constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, que durante décadas están presentes en nuestro país y han dado soporte para atender múltiples necesidades que el Estado ha abandonado.
Bajo el pretexto de exigir un control sobre la labor que realizan las ONG y verificar el financiamiento que reciben de cooperación internacional, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pretende impulsar esta Ley, que es una censura abierta a la libertad de asociación y hasta de opinión que tienen los ciudadanos que conforman, justamente, una asociación civil, para tener un espacio de representación de sectores tradicionalmente postergados y excluidos.
Habría que recordarle a Aguinaga que hoy el APCI ya cuenta con mecanismos de control y supervisión a las actividades que realizan las ONG y sobre todo fiscalizan los financiamientos que reciben las ONG y que además están obligadas a presentar informes presupuestales y de ejecución de gasto, estados financieros, auditorias anuales, no solo porque lo exige la APCI, sino la entidad cooperante que financia.
Aparte presentan informes narrativos sobre la ejecución de los proyectos y hasta el detalle de las actividades que desarrollan, presentados anualmente a la APCI, para contar con la acreditación de la ONG e inclusive de las ENIEX —Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional—, porque además estas entidades demandan al Estado la exoneración del impuesto a la renta y la devolución del IGV, por la labor social que realizan en beneficio de poblaciones vulnerables.
Habría que explicarle a Aguinaga, que la Sunat es sumamente exigente en el control de los gastos y las actividades que realizan las ONG para que accedan a este beneficio, y son escrupulosos en la revisión de sus documentos; incluso las ONG están sobrerreguladas, que al final es bueno por transparencia, palabra que seguramente el fujimorismo al que representa no conoce.
Lo más probable es que esta Ley sea una venganza, porque las ONG se atrevieron a denunciar las violaciones de derechos humanos que incluyen los casos de esterilizaciones masivas, que justamente Aguinaga tiene mucho que responder.
