La reforma y los actores políticos
La reforma y los actores políticos

Columnista invitado:

Gerardo Távara, analista político

La reforma política no se agota ni se trunca con la aprobación o no de las leyes; ese es un paso muy importante. Lo que toca ahora es medir el impacto de las reformas y la conducta de los diversos actores frente a ellas. A eso vamos.

Es clave que el Congreso haya aprobado que los partidos realicen elecciones internas reguladas y organizadas por la ONPE. A la fecha, 21 de los 24 partidos inscritos han informado el mecanismo de elecciones internas que emplearán: 16 lo harán por asamblea de delegados y cinco vía “un militante/un voto”. En ambos casos, todos los afiliados de los partidos están convocados a participar en las internas del 29 de noviembre, sea para elegir candidatos o para elegir delegados, pero nada obliga a los afiliados a acudir a votar ni existe un mínimo de votantes por partido para que las elecciones sean válidas o no.

Según registros de los organismos electorales, son más de un millón y medio los afiliados en los 24 partidos. ¿Qué porcentaje de este millón y medio de afiliados participará en las internas de los partidos? ¿Cuánto variará ese porcentaje entre un partido y otro?

Aquí un punto clave para medir el impacto y la conducta de los actores: son los propios partidos políticos los responsables de lograr la participación de sus afiliados en las internas y –con ello– mostrar la identificación de los mismos y desmontar cualquier sospecha sobre padrones inflados.

Por otro lado, la reforma política aprobada exige que los candidatos a la presidencia, vicepresidencias y al Congreso estén afiliados a los partidos, salvo el 20%, que pueden ser invitados. Esta nueva exigencia puede fortalecer los partidos y reducir el transfuguismo.

Recordemos que en las elecciones de 2016, menos del 25% de congresistas electos eran afiliados de los partidos por los que postularon, según reportó la asociación Transparencia. Con la nueva norma, esto cambiará significativamente. Ello explica en parte que en las últimas semanas hayamos presenciado una intensa inscripción de potenciales candidatos en todos los partidos.

Sin duda, el Parlamento dio un paso importante al reducir en 10 años la aplicación de la paridad y alternancia de género. En 2021, las listas parlamentarias estarán integradas por 50% de hombres y 50% de mujeres, pero el suelo sigue disparejo.

Según los informes de Enut y Enaho, respectivamente, las mujeres destinan semanalmente 24 horas más que los hombres al trabajo doméstico y ganan en promedio 30% menos que sus pares hombres. Es decir, las mujeres cuentan con menos tiempo y menos dinero que los hombres para dedicarse a una campaña electoral. Transformar esta disparidad va más allá de la reforma política.

Hoy tenemos 24 partidos inscritos y 24 potenciales planchas presidenciales, pues todos los partidos están obligados a competir. Mirando el espectro político, la mayoría están alineados hacia la derecha, incluso una derecha expresamente conservadora representada por Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular.

La división en la izquierda no es novedad, aunque se debate aún una posible alianza entre el Frente Amplio, Nuevo Perú y Juntos por el Perú. Por su parte, Perú Libre y Democracia Directa no han hecho anuncios, mientras que la UPP aliada del antaurismo vuelve a perder identidad al sumar a personas como Daniel Mora y Ricardo Belmont.

El centro político está ocupado por la alianza entre el Partido Morado y Fuerza Ciudadana; no me atrevo a ubicar a APP ni a AP. A la vez, disputas dirigenciales podrían dejar fuera de competencia a Todos por el Perú y al Partido Aprista, y con ello a Pedro Cateriano y Fernando Cillóniz, así como a Roque Benavides y Carla García. Fuerza Popular ha de evaluar el arrastre de Keiko Fujimori.

El número de candidaturas podrá reducirse este lunes 12 que vence el plazo para la inscripción de alianzas.

Tras vencer grandes resistencias, logramos que se apruebe el impedimento para la candidatura de personas sentenciadas en primera instancia, pero el Congreso sigue sin desaforar al condenado Humberto Acuña, de Alianza para el Progreso.

Termino señalando que ahora la prioridad ha de ser la reforma de la inmunidad parlamentaria si es que, en efecto, queremos acabar con la impunidad.

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