La rabia legislativa

En vísperas de finalizar el año y capitalizando la ira que generó la muerte accidental de dos jóvenes trabajadores de la franquicia de Mc Donald’s, el Gobierno emitió un decreto de urgencia, que radicaliza controles y sanciones en materia de seguridad laboral.

El decreto ha puesto al empresario contra la pared. Los negocios formales, en materia de seguridad laboral, están hoy a merced de la subjetividad de un empleado de la Sunafil. Esta institución hace poco triplicó su número de inspectores. Nos imaginamos la experiencia e idoneidad de la mayoría de ellos.

El inspector laboral, que ya se paseaba por las empresas ‘como Pedro por su casa’, acaba de ser empoderado, al extremo de que a su solo criterio puede cerrar una compañía si considera que esta pone en riesgo la seguridad y la vida de un trabajador.

No importan los hechos y argumentos que pudiera presentar el empleador, solo vale el ‘infalible’ criterio del inspector.

Una vez cerrada la empresa, esta queda obligada a seguir pagando planillas y obligaciones hasta su reapertura.

Si un trabajador perdiera la vida a consecuencia de un accidente y la Sunafil considera que fue una acción irresponsable y “deliberada” del empleador, su representante enfrentará un proceso penal con prisión no menor de cuatro años. ¡La negligencia del trabajador no exime de responsabilidad penal al empleador!

Este decreto de urgencia (firmado por el presidente de la República, el primer ministro, las ministras de Economía, Justicia y Trabajo), viola varios derechos constitucionales. Esta ley convierte a la empresa en un ámbito penal, propio de organizaciones criminales.

Es un decreto dado con rabia, prejuicioso y abusivo, que extorsiona a la empresa y a sus gerentes. Es un error que debe corregirse.