Crecí creyendo que el Tribunal Constitucional -Tribunal de Garantías Constitucionales de entonces- era el último bastión de la legalidad y la transparencia ante tanto abuso y, sobre todo, la corrupción existente en el sistema de justicia; porque, desde mi despertar y mi inquietud en los asuntos de Estado y política, siempre escuchaba la frase de que el TC era la última instancia para conseguir justicia y hasta muy bisoño aprendí qué significaba un recurso de habeas corpus, para la defensa de derechos fundamentales.
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Ya en mi periplo universitario entendí también que el TC era el máximo intérprete de la Constitución y el guardián de la Carta Magna, lo cual generaba confianza cuando se veía algún tipo de atropello que cometía una autoridad, sobre todo viniendo del Congreso. Tenía la sensación de garantía de un TC a la altura de las circunstancias para defender la institucionalidad y el Estado de derecho.
Ya siendo congresista, tuve la oportunidad de participar en una audiencia en Arequipa del TC y quedé gratamente sorprendido por la capacidad argumentativa de los magistrados que sustentaban sus decisiones y hasta educaban a los abogados de las partes, con jurisprudencia, derecho comparado y hasta con teoría jurídica. Desde mi ignorancia legal -soy ingeniero-, entendía que teníamos un TC de confianza.
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Todo este preámbulo es porque hoy tenemos la antítesis del TC que conocíamos, justamente a la medida de este Congreso de rufianes, y que ha estado jugando en pared con cada ley inconstitucional aprobada y hasta con la vulneración de derechos fundamentales cuando se trataba de adversarios políticos, y favoreciendo escandalosamente cuando el beneficiado era un allegado a las mafias congresales.
Es inverosímil escuchar a la recién electa presidenta del TC, Luz Pacheco, que “no todo lo que diga la Corte-IDH se tiene que obedecer”, cuando justamente el principio que nos adhiere al sistema interamericano de los DD.HH. se basa en el cumplimiento irrestricto de las sentencias de la Corte; no son opiniones políticas y menos sugerencias: son sentencias y ella, más que nadie, sabe que las sentencias se acatan, obedecen, se cumplen y se ejecutan.
Ya ni qué decir de sus adelantos de opinión en varios casos que justamente el TC tiene que dilucidar, violando principios de imparcialidad. Así que este TC y su presidenta no generan expectativas y mucho menos confianza.
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