Para peor

Es cierto que la Fiscalía va muy lento en el caso Lava Jato, que la transparencia no ha sido una virtud, que las filtraciones a medios amigos dejan mucho que desear respecto a la pulcritud de las investigaciones, que el fiscal Castro parece más un abogado de la empresa que del ciudadano, que no hay ni un pez gordo tras las rejas, que las empresas involucradas siguen actuando con impunidad, y así.

No es menos cierto, de igual manera, que existe una responsabilidad en todo esto, o al menos debería existir. Y dicha responsabilidad solo puede recaer en el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Pero de ahí a presentar una denuncia constitucional y buscar la remoción del mismo en estos momentos, pues parece un despropósito.

En primer lugar, nunca es bueno, como dice el refrán, cambiar caballo a mitad del río. Pablo Sánchez puede pecar de crédulo, pero es un fiscal probo, íntegro y, por ello, debemos apoyarlo. La Fiscalía ha estado en manos de impresentables los últimos años y, por ello, si se trata de probabilidades, pues lo más probable es que si remueven a Sánchez, la misma caiga en manos inadecuadas. Perderemos, ahí sí, todo, hasta la posibilidad de que el fiscal haga los ajustes correspondientes.

Por otro lado, el momento para presentar esta denuncia es inadecuado, en tanto se verán en paralelo las acusaciones constitucionales a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Sin ser temas conexos, ambos se escudarán bajo los mismos argumentos (donde, por cierto, el fujimorismo tiene las de perder). Todo ello sin contar que, para quienes dicen no temer las investigaciones fiscales, pues parece una vendetta por las indagaciones en el caso Lava Jato.

Lo que la acusación constitucional contra el fiscal Sánchez generará es que la Fiscalía se cierre y proteja el statu quo, cuando se pudo hacer un esfuerzo por mejorar las cosas. En resumen, con esta acusación es más lo que se pierde que lo que se gana. Salvo, claro, que ese sea el fin.