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¿Patria o política?

“El problema, ya sabemos, es ideológico; para un sector de la política local, la minería es un enemigo a combatir. ¿Quién financia sus promesas?”.

¿Patria o política?

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Juan José Garrido
Juan José Garrido

Si es cierto, como dicen los principales expertos, que el mundo se encuentra inmerso en una nueva etapa de precios altos para los principales metales (y otros commodities); pues es imprescindible que el gobierno analice nuestro actual marco de crecimiento y se alineen los incentivos de tal manera que no desaprovechemos el mismo.

Estos vaivenes en los precios internacionales usualmente se prolongan por unos años, imposible establecer cuántos (por lo tanto, tampoco es posible identificar el punto de quiebre y cuándo giraremos hacia una caída de estos).

De ello no solo debemos aprovechar la ola, sino ver la manera de sacarle los mayores réditos a la misma.Para ello, como sabemos, hay dos propuestas: la primera es aprovechar el boom para sacarle la mayor cantidad de recursos a los sectores extractivos, sin importar el sistema de incentivos impuesto (léase, sin que importe el nivel de actividad económica); la segunda es considerar el sistema de incentivos para sacar el mayor rédito sin matar a la gallina (en resumen, considerando la actividad y sus beneficios).

La primera idea la aplicaron con rigurosidad los nacionalistas en el quinquenio 2011-2016; no solo creyeron que cuanto más le sacaran al sector, mejor, sino que encima lo sobrerregularon y le quitaron el piso cuando fue necesario. Queda por ver quién aplica bien la segunda idea.

Si el sector minero decide ir adelante con los casi US$50,000 millones de inversión programada, el Perú tendrá los recursos suficientes para cumplir la mayoría de sus objetivos, inclusive con todas las preocupaciones medioambientales en el bolsón: son recursos frescos y divisas que entrarían a la economía, puestos de trabajo, demanda de sectores diversos, recursos para programas e inversión social, tributos para las zonas afectadas e ingresos para las reguladoras que permitirían un mejor monitoreo.

El problema, ya sabemos, es ideológico; para un sector de la política local, la minería es un enemigo a combatir. ¿Quién financia sus promesas? Eso qué importa. Así es la política, ¿verdad?

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