La onerosa irresponsabilidad de los congresistas

De acuerdo con la Constitución, los únicos funcionarios que son irresponsables por sus actos son los congresistas. No importa cuánto daño (social o económico) hagan vía sus actos legislativos, nunca responden por sus desatinos al legislar. Son los únicos ciudadanos que son legalmente irresponsables. En términos coloquiales, es como darle a un niño poder para decidir sobre los adultos.

Si bien esta irresponsabilidad institucionalizada es parte de las democracias modernas, nuestro marco legal, consciente de ello y del bajísimo nivel de nuestros congresistas, impuso, inteligentemente, una medida de control destinada a evidenciar los costos o beneficios que una ley tendría en la sociedad para evitarnos costos innecesarios.

Así, el mismo Congreso dio una ley para que los proyectos cuenten con un análisis costo-beneficio (ACB) como requisito para su emisión, al que han convertido en un mero formalismo que los congresistas sortean alegremente y, con ello, nos siguen endilgando costosas, nocivas e ineficientes leyes como la de la refinería de Talara, la de suspensión de los peajes, la de seguridad energética, entre muchas otras.

En vez de quitarles la inmunidad parlamentaria −porque tienen que poder fiscalizar−, mejor sería reforzar la obligación de cumplir con el ACB en su labor legislativa y, de no hacerlo, que respondan con su patrimonio por cualquier ley que aprueben obviando ese requisito.

Veremos cómo dejan de proponer sandeces como las que vemos hoy o de promover normas mercantilistas que benefician a unos pocos. No existe mejor fiscalizador que el bolsillo propio, pues con el dinero ajeno es fácil promover cualquier cosa.