(Foto: archivo GEC)
(Foto: archivo GEC)

Con los allanamientos a oficinas y viviendas de congresistas de Acción Popular y de otras bancadas, tomó mayor fuerza la investigación fiscal a este grupo de parlamentarios beneficiados por Pedro Castillo con prebendas a cambio de votos en el Hemiciclo.

La conducta de estos representantes de un partido como AP, fundado por Fernando Belaunde Terry, uno de los emblemas de la honradez en la política peruana, ha sido deplorable. Un contubernio que califica largamente como complicidad en los múltiples delitos de corrupción por los que actualmente se investiga y procesa al expresidente y fallido golpista.

Resulta, por lo demás, increíble que el órgano de control ético del propio Parlamento y el Pleno no se hayan puesto de acuerdo hasta ahora para suspender de sus funciones a los involucrados. La ‘pachocha’ de los procedimientos parlamentarios para sancionar o deshacerse de sus malos elementos es alarmante. Un ‘otoronguismo’ que –a juzgar por todas las encuestas que se han realizado en los últimos ocho meses– raya no solo en lo irrespetuoso sino en lo abiertamente cínico.

Como si no supieran o no les hiciera mella el masivo, casi unánime rechazo que la ciudadanía tiene por este Congreso y sus prácticas dolosas. Buena parte de ellas, orientadas más a sacarle la vuelta a los presupuestos de la institución con gastos dispendiosos o a aprobar leyes sirviendo intereses particulares de dudosa legalidad, que a atender las necesidades más urgentes de la población.

Y ni qué decir de las acusaciones constitucionales contra otro grupo de ‘Niños’ de AP, cuyos informes finales recién se verán mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Recordemos que la pesquisa fiscal en torno a ‘Los Niños’ de AP es por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Es decir, acusaciones graves y no de poca monta, pues los chanchullos de Castillo con estos congresistas han saltado en una serie de testimonios y documentos entregados por colaboradores eficaces.

Queda claro que la celeridad del Legislativo es muy otra que la del Ministerio Público. Esperemos nomás que tan sospechosa remolonería, lindante en verdad con la renuencia encubridora, no termine en la impunidad de quienes tanto daño hicieron durante el breve período de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.