La muerte digna como derecho

Ana Estrada no está ansiosa por morir. Lo que ella quiere es tener la libertad de decidir cuándo y cómo hacerlo.

Desde muy joven padece una enfermedad degenerativa avanzada, llamada polimiositis. Con el paso de los años, su cuerpo se ha ido haciendo más débil y casi todos sus músculos se han ido paralizando, incluyendo los de sus extremidades y sistema respiratorio. Ana depende de apoyo médico las 24 horas y para realizar las acciones más básicas requiere de gran esfuerzo, sufrimiento y asistencia.

Hace unos años, tras pasar temporadas hospitalizada y atravesar una muy compleja neumonía que la llevó a cuidados intensivos, ella decidió iniciar una lucha por el derecho a tener una muerte digna. Ana no quiere acabar con su vida mañana, sino recuperar lo que hace mucho perdió: el control sobre su propio cuerpo. Que no sea ni la enfermedad, ni los médicos, ni el Estado, quienes decidan cuándo y en qué condiciones va a morir. Solo ella.

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Esta semana, finalmente su pedido ha sido visto por el Poder Judicial. En una audiencia virtual ella pudo argumentar su caso. Lo que pide la demanda, presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Salud, Essalud y el Ministerio de Justicia es que se inaplique el artículo 112, que califica a la eutanasia como homicidio piadoso y castiga con hasta tres años a quienes participen de una.

En la demanda, la Defensoría señala con claridad: “En este caso, el derecho a la muerte en condiciones dignas se encuentra sustentado en el principio de dignidad humana, pues la muerte constituye una fase esencial de la vida. No es un fenómeno meramente pasivo que nos ocurre, frente al cual permanecemos inertes, sino que es un acto en el que nuestra libertad y autodeterminación puede intervenir, en cierta medida. Este ámbito de libertad nos permite decidir el momento y las circunstancias de consumar nuestra muerte, lo que adquiere mayor importancia cuando la persona se enfrenta a condiciones que hacen insufrible prolongar la existencia”.

En el caso de Ana, el Poder Judicial debe actuar con sensibilidad y darse cuenta de que, a pesar del artículo 112 del Código Penal, lo que prima es el principio de dignidad humana establecido en la Constitución. Contraer una enfermedad degenerativa no puede ser una condena perpetua que despoje a las personas de su integridad.

Es por eso que, además, desde la bancada del Partido Morado estamos elaborando un proyecto de ley de muerte digna, que permitirá a personas como Ana recobrar el control sobre sus vidas y sus cuerpos. Venimos trabajando para tener una propuesta lo más sólida posible, enriquecida con las experiencias de otros países, como Colombia y España, que ya cuentan con marco legal, y Chile, donde viene ocurriendo este debate.

La propuesta normativa dejará en claro que se trata de una decisión individual e indelegable, tomada de forma consciente y expresada de manera indubitable, frente a enfermedades terminales o dolencias incurables, donde la situación médica provoque una disminución avanzada e irreversible de capacidades, ocasionando sufrimientos físicos o psíquicos persistentes o intolerables.

Un pequeño cambio en la legislación podría generar uno muy grande en nuestro entendimiento sobre la vida, la muerte, y los derechos de cada ciudadano. La libertad de decisión sobre el cuerpo propio es probablemente la más importante de todas. Toda persona es dueña de su vida. Es libre de decidir cómo debe conducirla y en qué momento esta debe culminar. Nuestro deber desde el Estado es brindar las facilidades para garantizar el ejercicio de dichas libertades en las mejores condiciones.

El derecho a la muerte digna es hasta ahora un tema tabú. Sin embargo, gracias a la valentía de personas como Ana Estrada, cada vez se está entendiendo mejor en todo el mundo que de lo que se trata es de darles a muchos pacientes de enfermedades incurables y dolorosas la posibilidad de finalizar sus vidas dignamente. Como bien ha expresado Ana: “Esto se trata del amor por la vida, de libertad. Yo amo tanto la vida que una vida sin libertad no es vida”. El Estado peruano debe escucharla.

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