Los penales del Perú tienen 140% de hacinamiento. (GEC)
Los penales del Perú tienen 140% de hacinamiento. (GEC)

Si había una sola urgencia en manos del Congreso la semana pasada era deshacinar los penales, que se han convertido en verdaderos focos de infección. Internos y personal del INPE están muriendo desde hace semanas, pero una mayoría de los nóveles legisladores parece o no haberse enterado o ser absolutamente indiferente a esta crisis humanitaria. Una combinación de desidia, miedo, populismo y ausencia de liderazgo los llevó a encarpetar las propuestas que estaban sobre la mesa.

La población penitenciaria duplica la capacidad que tienen las cárceles a nivel nacional. Más de 400 trabajadores del INPE están contagiados con el virus y 14 han fallecido. Más de 1,100 presos han dado positivo y más de 100 ya murieron. La situación ha escalado al nivel en el que, por miedo al contagio, los funcionarios del INPE ya no ingresan a los penales y solo custodian los exteriores. Básicamente es como si, en pleno incendio, hubiesen dejado a todos encerrados bajo llave para que mueran achicharrados.

Han aparecido los que defienden la inacción del Congreso argumentando que el Ejecutivo no hizo nada, por lo que no es responsabilidad del Congreso cargar con una mochila tan pesada. ¿Acaso podría haber argumento más perverso que ese? Que el Ejecutivo, en especial el ministro de Justicia, se haya chupado, no justifica la lavada de manos del Congreso. ¿Para qué están ahí entonces? Por eso la política está tan deslegitimada: el cálculo chato y cortoplacista se ha impuesto por sobre cualquier esfuerzo.

Por cierto, ninguna de las propuestas pide soltar asesinos ni violadores, ni a quien ponga en riesgo a otros con su salida. Se proponen medidas racionales y focalizadas en quienes estén en verdadera vulnerabilidad.

Las muertes por coronavirus en penales serán responsabilidad de quienes no fueron capaces o no quisieron dar la talla al encargo que la historia les ha puesto.

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