La mala educación

Uno de los avances más valiosos para la educación en el Perú fue la Ley de la Carrera Pública Magisterial, que, basándose en la meritocracia, dejaba de lado el compadrazgo, los favores políticos y la incompetencia entre los maestros que el Estado contrataba para los colegios nacionales.

Con la nueva disposición legal, los maestros iban a ser evaluados permanentemente a través de exámenes de conocimientos y calificaciones de desempeño en el aula. Los docentes que obtuvieran buenos resultados seguirían dictando clases y ascendiendo en el escalafón administrativo y remunerativo del sector. En cambio, aquellos que desaprobaran si, en las nuevas oportunidades que se les otorgaba, continuaban sin lograr superar las calificaciones mínimas, irían siendo relegados o incluso separados de las instituciones públicas.

En un país con uno de los peores sistemas educativos del continente, la nueva ley benefició a millones de alumnos del sistema de educación pública, pues esas evaluaciones continuas mejoraron la calidad de la enseñanza y del profesorado en todo el país.

La reforma abría una puerta a la esperanza y al progreso de estos estudiantes. Sin embargo, hubo quienes desde un principio opusieron cerril resistencia, obviamente los profesores menos preparados, que basaban su permanencia en las planillas del Estado en oscuras relaciones sindicales o políticas (“varas” y “tarjetazos”), y que con los nuevos requerimientos ya se veían fuera del magisterio.

La mayoría de ellos vieron entonces una oportunidad en el Conare, organización magisterial impulsada por Movadef –organismo de fachada de SL– cuya principal bandera es justamente la derogatoria de esa ley y el retorno a un sistema sin meritocracia. Y en 2017, como líder de una huelga de ese mismo sector de profesores, que se consideraban víctimas de las nuevas disposiciones, surgió entonces la figura de Pedro Castillo.

¿Qué calificación habrá obtenido Castillo, si es que tuvo el valor de presentarse, en las impecables pruebas que el Minedu realizó entre los docentes? No lo sabemos. Pero que a nadie llame a sorpresa que esté ahora proclamando que se tumbará una reforma que, en beneficio de los estudiantes, reconoce a los mejores profesionales y penaliza a los incompetentes en el sistema educativo del país. Con Castillo en el gobierno no queda duda, entonces, que los ‘profes’ jalados e incluso los que fueron separados por delitos graves como terrorismo, narcotráfico y violación podrían volver a las aulas.