La ley y la pampa

Aunque contra el reloj, muy atinada la decisión del presidente Martín Vizcarra de firmar la ley que hará posible el reinicio de las obras de construcción del proyecto Majes Siguas II, permitiendo que se amplíe la garantía soberana de parte del Gobierno Regional de Arequipa en favor del consorcio español Cobra.

“Arequipa no tiene por qué verse perjudicada por un entrampamiento entre autoridades, así que suscribimos esta ley y mañana mismo será publicada en el diario oficial El Peruano. Estas son medidas que favorecen el crecimiento de la inversión pública y privada”, sostuvo el mandatario y no le sobra ni un ápice de razón.

Con ello se podrá echar a andar un megaproyecto de irrigación esencial para el desarrollo del sur del Perú, que, además, dará trabajo a miles de peruanos. La rúbrica presidencial fue resultado del trabajo conjunto de equipos técnicos tanto del Ejecutivo como de la Comisión de Presupuesto del Congreso y el Gobierno Regional de Arequipa. Inicialmente el proyecto de ley enfrentó la resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la habitual inviabilidad de los proyectos parlamentarios, tal como suelen estar elaborados, pero una vez salvados los escollos técnicos y legales, se pudo ver una lucecita verde al final del túnel.

Hasta ahí todo bien, pero el bemol de esta saludable medida lo pone el hecho de que el trato con la empresa concesionaria y la supervisión de los trabajos quedará ahora en las peligrosas manos de un gobernador regional tan incompetente y cuestionado como Elmer Cáceres Llica, a quien se atribuye la responsabilidad de que este y otros proyectos beneficiosos para Arequipa continúen trabados o simplemente hayan abortado, pues ni siquiera durante la pandemia pudo dar pie con bola: su gestión fue tan desastrosa que el Gobierno Central se vio obligado a intervenir para evitar un descalabro sanitario de mayor envergadura.

Cabe esperar que esta vez Cáceres Llica dé la talla y no se requieran medidas de última hora para salvar lo que el gobierno regional eche a perder. El Ejecutivo y la prensa independiente deberán permanecer alertas.