La patinada de la presidencia del Congreso al promulgar la ley que busca reducir responsabilidad penal a policías que causen lesiones o muerte de civiles nos demuestra que el Parlamento aún anda muy dormido para tiempos en los que se le necesita despierto. La ley ya está publicada, aunque algunos legisladores señalan que ni siquiera sabían que Manuel Merino y su vicepresidente la enviarían a El Peruano. Es abiertamente inconstitucional, un riesgo para los civiles y, a fin de cuentas, un engaño para los mismos oficiales. Esta norma fue votada por el Congreso disuelto y no fue publicada porque el Ejecutivo la observó.

La norma no es efectiva en ninguno de sus extremos. Da la falsa sensación de otorgar protección a policías, pero en la práctica es una fórmula legal estéril. No es efectiva porque la proporcionalidad en el uso de la fuerza y las reglas aplicables para prisiones preventivas no pueden ir contra los tratados que nos obligan y la Constitución. Cualquier norma que vaya contra ella es a fin de cuentas inservible, como la misma ley lo repite al establecer que los supuestos benéficos solo se aplican para policías que actúen de acuerdo a reglamento y la Constitución. Por eso es que los legisladores los están engañando, poniendo a todos en riesgo: a ellos y, evidentemente, a nosotros, que podríamos terminar siendo víctimas de abusos y excesos.

El peligro de no derogar esa norma hoy mismo, a pesar de su inaplicabilidad, es que se preste a interpretaciones equivocadas, permitiendo un uso desproporcionado de la fuerza y avalando abusos que nadie celebrará cuando sean contra uno mismo. La ley de marras se tiene que derogar, además, porque su sola existencia empodera a quienes abogan por dar carta blanca al gatillo fácil. Esa es una ventana que es mejor tener cerrada.

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