Colectivos en la avenida Javier Prado. (GEC)
Colectivos en la avenida Javier Prado. (GEC)

Si ya era absurdo impulsar el uso de vehículos colectivos en un contexto en el que lo que necesitaríamos serían formas de transporte de pasajeros que no se conviertan en focos de infección, impulsar una ley general para que estos funcionen en todo el país y en todas las ciudades sin distinción no tiene sentido. Felizmente, un grupo de congresistas logró ayer que se excluya a Lima y el Callao de la norma que finalmente se aprobó.

Hay regiones donde las combis M1 y M2 son el único medio de transporte disponible para conectar pueblos o ciudades, así que podrían ameritar una regulación focalizada, pero en otras, como en buena parte de Lima, estos vehículos son una de las principales causas del caos.

En todo caso, legalizarlas sin exigir ningún requisito es una irresponsabilidad monumental. Me hace acordar cuando Fujimori desreguló el transporte público a inicios de los noventa bajo el argumento de crear empleo: tres décadas después, el caos, los accidentes, la precariedad laboral y las mafias del transporte siguen enquistadas. Esa fue la estocada más dañina a las ciudades peruanas, sobre todo a Lima.

El problema de los colectivos es uno de oferta y demanda. Si en algo coinciden los estudios sobre transporte informal, es que este existe donde el formal no llega. Por eso los colectiveros han encontrado en sus usuarios a buenos aliados, quienes no pueden dejar de movilizarse en el vehículo que se lo permita. Ese es el tema de fondo. Mientras no exista una opción formal, segura y a costos accesibles, los colectiveros seguirán existiendo. Si se les retira sin que se ofrezca una opción alternativa que cubra esos trayectos, se terminará castigando al usuario, quien no tendrá cómo llegar a tiempo al trabajo y luego a su casa para ver a su familia. La formalidad no puede llegar a expensas de dejar sin opciones de movilidad a la gente.

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