La Ley de la ignorancia. (Foto: archivo GEC)
La Ley de la ignorancia. (Foto: archivo GEC)

El ministro de Justicia del Perú, Aníbal Torres, llamado a ser el consejero jurídico del Gobierno, no deja de meter la pata, cuando lo que el país necesita es de un jurista sensato y equilibrado que pueda ocuparse serenamente de los asuntos que competen a su sector.

Su último arrebato de furia lo llevó a insultar y atacar al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, porque, en su ignorancia sobre asuntos de altas finanzas y macroeconomía, cree que este funcionario debería estar al servicio del Ejecutivo y de los deseos del presidente sobre temas de mercado, precios y demás.

Olvida el famoso Dr. ‘Caníbal’–para usar el apelativo del personaje con que el gran Hernán Vidaurre lo imita en la radio– el excelente desempeño que Velarde ha tenido en el cargo, por el que ha recibido incluso reconocimientos internacionales, que llegaron a calificarlo hasta como el mejor banquero central del continente (2020) y del mundo (2015).

Contar con un profesional de esa trayectoria y prestigio al frente de un organismo como el BCR, atenúa en algo los despropósitos de Castillo y su entorno, pues las instituciones financieras y crediticias internacionales saben que mientras Velarde se mantenga en el puesto, el desmadre tendrá un límite preciso. Ello, a pesar de que, igualmente, las calificaciones de riesgo-país que está recibiendo el Perú se deterioran. Pero que, desde luego, serían mucho peores, casi catastróficas, sin la presencia de este distinguido economista en el ente emisor.

Hace solo unos días, Torres tuvo otra infeliz declaración, cuando acusó a los dueños de la minera Antamina de estar detrás del paro para vacar al presidente, aunque luego tuvo la hidalguía de salir a ofrecer disculpas públicas.

Y antes de ello, ha venido alegando que el referéndum por el que pugna Perú Libre para convocar directamente a una Asamblea Constituyente no necesita pasar por el Congreso, a pesar de lo que dispone el artículo 206 de la actual Carta Magna y en contra de la voz autorizada de destacados constitucionalistas.

Un ministro de Justicia debe ser el defensor de la legalidad y del marco constitucional del país, pero por lo que estamos viendo, Torres actúa más como abogado personal de Pedro Castillo.