En las últimas horas del jueves, el Congreso de la República aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, más conocido como Reinfo.
¿En qué consiste este famoso mecanismo? Se trata de una autorización, en teoría temporal, para que los mineros informales operen, en la práctica, en cualquier lugar del territorio, incluyendo áreas ya otorgadas en concesión minera a terceros.
Curiosamente, no es esta una autorización que pase por un proceso de evaluación para ser otorgada, sino es más bien un registro para el que no hay que cumplir ningún requisito medianamente exigente, solo completar una solicitud. Este registro otorga un salvoconducto supuestamente temporal para operar, luego del cual se deben cumplir una serie de requisitos para lograr la autorización definitiva. El problema es que este registro temporal se ha ido volviendo en la práctica un registro permanente tras sucesivas ampliaciones por cortesía del Congreso.
Ante ello, a la fecha solo un 2.5% de los registrados en el Reinfo han completado el proceso de inscripción para una autorización permanente. La razón es simple: no hay incentivos para darse ese trabajo si se tiene la certeza de que el Legislativo irá sucesivamente ampliando las autorizaciones temporales.
Lo que el Congreso viene haciendo es legitimar una actividad ilegal y sumamente peligrosa. Y es que este tipo de minería, lejos de lo que se pretende vender, no es una actividad artesanal, de supervivencia y pequeña escala. Se trata de la más grande industria ilegal en Perú, que mueve unos US$12,000 millones al año y requiere de enormes capitales para operar. Es una industria que, además, está estrechamente vinculada con organizaciones criminales, a las que brinda financiamiento a cambio de protección. Basta recordar que en octubre se encontró en la provincia de Pataz, La Libertad (uno de los epicentros de la actividad), una fosa común con 12 cuerpos. De otro lado, en los últimos tres años, 18 trabajadores de Minera Poderosa, también en Pataz, fueron asesinados en ataques con armas de fuego y explosivos.
A ello se suma el grave impacto ambiental de estas operaciones que, a diferencia de lo que sucede con la minería formal, no están sujetas a la más mínima fiscalización, regulación ni estándares. Quizás el caso más emblemático es el de Madre de Dios, donde la deforestación y las intoxicaciones con mercurio han generado una catástrofe ambiental. Paradójicamente, la atención pública y la presión política en este tema está casi exclusivamente centrada en la minería formal, que es inocua al lado de la ilegal.
Pero, a pesar del enorme daño que la minería ilegal genera en Perú, ha encontrado en la política a un sinnúmero de aliados que la protegen y potencian. Y la razón parece evidente: el financiamiento de campañas. ¿Cómo explicar sino que, en la votación del pasado jueves, 87 legisladores de las 13 bancadas presentes en el Congreso (de centro, derecha e izquierda) hayan prorrogado la vigencia de un mecanismo que garantiza la impunidad?
Más aún son probados los vínculos con la minería ilegal del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien ha sido apoderado de mineros informales investigados por delitos ambientales, y que desde que asumió como congresista ha recibido la visita de decenas de estos en su despacho.
Y mientras los aliados de la minería ilegal son premiados con altos encargos, como el de Salhauna, quienes la cuestionan viene perdiendo la batalla. La prueba más reciente fue la censura al ministro de Eenergía y Minas, Rómulo Mucho, quien desde el inicio de su gestión fue un crítico del Reinfo. Una batalla que ganó la ilegalidad.
Como todo problema complejo, no tiene soluciones simples. Pero es evidente que la causa central de este mal es la alianza entre la política y las actividades ilícitas. Mientras esta alianza persista, nada que haga la Fiscalía, la política, o autoridades ambientales será suficiente.
Se trata de una alianza claramente basada en el financiamiento de campañas, lo que se potencia con las absurdas medidas que han prohibido a las empresas formales hacer aportes de campaña y han limitado también las donaciones de personas naturales considerablemente. Con ello, el dinero ilícito cobra todavía más protagonismo.
¿Cuándo dejará la mayoría congresal de privilegiar los intereses ilegales por sobre los intereses ciudadanos? Mientras que ello no cambie, el Perú ilícito seguirá boyante.