Alberto Fujimori Inomoto fue presidente de la República de 1990 a 2000. Al final, escándalos de corrupción acorralaron su gobierno, convertido en una autocracia tras una tercera e ilegal reelección. Durante un evento internacional, Fujimori huyó al Japón aprovechando su nacionalidad japonesa y envió desde ahí su renuncia por fax.
Fue un mandatario enérgico, pragmático y controversial, y será recordado como el líder que sacó al Perú de una hiperinflación y lo alineó al sistema financiero internacional a través de una rigurosa política de ajuste y una apertura del mercado interno a la inversión privada. Gracias a esa decisión, el país recuperó la credibilidad que había perdido en el sistema financiero global.
Su régimen, además, venció al terrorismo y uno de sus últimos éxitos fue el operativo militar Chavín de Huántar que permitió el rescate de los 72 rehenes que tuvo el MRTA durante cuatro meses en la residencia del embajador japonés en Lima.
Sin embargo, no se puede olvidar que Fujimori Inomoto dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, cerró el Congreso de la República e intervino el Ministerio Público y el Poder Judicial, acosó a la prensa independiente —mientras sobornaba a dueños de los canales de televisión y a los periodistas cortesanos— y envilecía las instituciones del Estado, creando una vasta red de corrupción manejada, en conjunto, con su siniestro asesor y socio Vladimiro Montesinos, quien hoy purga todavía condena en un penal de alta seguridad.
A él mismo se le encontró culpable en cinco procesos judiciales. Uno de ellos el relacionado con las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos en el que fue comprometido como autor mediato, una sentencia cuestionable porque si bien los crímenes se cometieron bajo su administración, no fue él quien decidió las ejecuciones. Es cierto que fue durante su égida, que se amnistió a los integrantes del Grupo Colina, el comando paramilitar que cometió los asesinatos selectivos mencionados, lo que, en todo caso, debió calificar como complicidad.
Como súbdito japonés, una vez refugiado en el Japón, postuló al Senado de ese país en 2007, previo matrimonio —por interpósita persona— con Satomi Kataoka, empresaria nipona de quien poco se sabe ahora. Pero como no obtuvo esa curul, decidió volver al Perú a través de Chile desde donde fue extraditado para recalar en el penal de Barbadillo.
Su legado será por mucho motivo de acalorada discusión. Sería mezquino no reconocer sus aciertos, pero irresponsable olvidar sus delitos. Un político pragmático y tenaz, capaz de gestionar importantes transformaciones, pero dueño de una lamentable venalidad.
Su huella continuará por un tiempo dividiendo a los peruanos entre fujimoristas y antifujimoristas. Y a partir de hoy, su ausencia, abrirá también una interrogante sobre el futuro político de su heredera.
