Esta semana, tanto el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como la presidenta Dina Boluarte, ambos con 4% de aprobación, tendrán en sus manos el destino de cientos de oficiales de las Fuerzas de Seguridad a los que pasarán al retiro. Para no pocos observadores, es el momento largamente acariciado por este deslucido par de funcionarios, los mismos que anhelan poder consumar sus respectivas venganzas personales.
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Los procesos de renovación son normales en las instituciones militares y policiales cada diciembre, eso es conocido. El runrún de posibles cambios, traslados y bajas aumenta en esta etapa del año.
El problema con la PNP, sin embargo, es que este año existe toda la intención de incluir en esa lista –ya en manos del Mininter– a un grupo de oficiales de la Diviac por razones estrictamente revanchistas. Es decir, por el apoyo que prestaron algunos connotados agentes a la Fiscalía durante las investigaciones que esta seguía a Dina Boluarte y al propio titular del sector.
Según el cronograma de actividades para el proceso regular de renovación de cuadros de oficiales generales y oficiales superiores, el consejo de calificación integrado por el mandamás de la PNP Víctor Zanabria, el subcomandante general Óscar Arriola y cinco generales más, emiten una lista anunciando quienes no continuarán en el cuerpo policial a partir de 2025. Y es el ministro quien firma las resoluciones ministeriales para retirar a esos oficiales con grados de mayor, comandante y coronel.
Es de suponer que, para congraciarse con el gobierno (o presionados por este), los generales habrían incluido en esta suerte de lista negra –entre otros oficiales incómodos para los intereses del régimen– los nombres de los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, exjefes de la Diviac.
Es inconcebible que en momentos en que los peruanos nos encontramos bajo asedio permanente de criminales en todo el país, sin que el Gobierno logre avances significativos, el Gobierno continúe hostigando a oficiales experimentados y con destacada trayectoria en estas tareas policiales. Como si la situación del país estuviese para vendettas.
Una vez más se pondrían los intereses de algunos gobernantes, de la presidenta de la República en particular, por encima de los intereses del país. Porque lo del coronel Colchado sería evidentemente la última represalia en su contra, por haber participado en las investigaciones sobre el entorno palaciego, esta vez truncando una carrera impecable en la PNP.