Criminales asesinan a 13 trabajadores de un minero artesanal con contrato de explotación con la minera Poderosa. Otra banda de delincuentes toma por asalto la planta de procesamiento de Aracoto, de Minera Caraveli: rehenes, policías heridos y fallecidos. Esto en pleno estado de emergencia en la provincia de Pataz.
En tanto, en Lima, el sicariato y la extorsión actúan con impunidad, envalentonados por un Gobierno inútil y una clase política decadente. Las economías ilegales y las organizaciones criminales van tomando, poco a poco, el dominio del territorio y obteniendo zonas ‘liberadas’ ante la inoperancia del Estado, algo que no se vivía desde las épocas más oscuras de la guerra contra el terrorismo. Tomar acción decidida, con todo el rigor y fuerza que la ley permite, es urgente.
La pena de muerte, tantas veces mencionada ligera y políticamente, en nada va a contribuir a resolver la criminalidad en el Perú, pues se trata de un castigo, es decir, se aplica al que ya asesinó, al que ya violó, ya extorsionó, etcétera. Convertir el debate de la pena de muerte en parte del debate contra el crimen en el Perú es desviar tiempo y energías del esfuerzo central: impedir que estos delitos ocurran.
La guerra contra el crimen es un esfuerzo que debe ser liderado por el presidente de la República. Bajo su liderazgo, se debe constituir una mesa de trabajo con miembros de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, representantes de las empresas de telefonía, de los bancos y representantes de Meta (la mayoría de las llamadas extorsivas se realizan por WhatsApp).
Se debe crear un equipo encapsulado con policías idóneos, de probada experiencia, trabajando con jueces y fiscales ad hoc, que permita el acceso al IP para ubicar el origen de la llamada y correlacionar el número telefónico, interceptación telefónica y levantamiento del secreto bancario; todo en pocas horas o días y no meses, como es el caso ahora. Eso es fundamental para desbaratar a las organizaciones criminales.
La integridad y profesionalismo de este equipo es vital para el éxito de las operaciones y para generar la confianza en la población, para que denuncie y colabore. El uso periódico del polígrafo a los integrantes del equipo (como ocurre en los sistemas de inteligencia) es una medida útil.
Tomando la exitosa experiencia de las rondas campesinas, se debe crear un sistema de rondas urbanas. La población organizada mediante un delegado por manzana, cada 20 manzanas un coordinador de sector. Cada grupo de sectores reporta y coordina con la policía y el serenazgo. Los objetivos: prevención, generar inteligencia (la cercanía de miembros de la comunidad con los comerciantes y vecinos, permite obtener información de lo que está pasando en la calle) y ejecutar cercos de seguridad ante la ocurrencia de un hecho delictivo.
Vivimos una situación de guerra contra la inseguridad ciudadana, por lo que el compromiso de la población civil en colaboración con las fuerzas del orden es, también, fundamental.
