(Foto: Renzo Salazar / GEC)
(Foto: Renzo Salazar / GEC)

En esta semana de campaña, Pedro Castillo ha hecho recordar un episodio muy famoso de la serie Perdidos en el espacio, clásico de la televisión en el Perú de los setenta. Aquel cuando al recordado robot de la nave de los Robinson le alteran el chip y se convierte de pronto en una máquina que ataca todo lo que se encuentra por delante, repitiendo en voz alta, una y otra vez: “Destruir, triturar, aplastar…”.

Claro, al candidato de Perú Libre no es necesario cambiarle ningún chip, pues desde la primera vuelta ha venido anunciando los planes que llevaría a cabo de llegar a la Presidencia de la República. Y el suyo es exactamente el mismo mantra de tan célebre robot.

Si revisamos sus discursos y entrevistas, en casi todas adelanta que “desactivará”, “cerrará”, “disolverá”, “desaparecerá”, “derogará”, “clausurará” o –cuando se pone indulgente– “corregirá”… a las principales instituciones del Estado. Sobre todo, aquellas que resultan incómodas a quienes cometen abusos de poder o perpetran delitos contra la ciudadanía a nombre de los más pobres.

El hombre del lápiz ha prometido, aparte de disolver el Parlamento si se atreve a oponerse a su gobierno, acabar con el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), así como revisar o “corregir” el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y los tratados internacionales de libre comercio firmados por el Perú. Es decir, cualquier acuerdo o institución pública que pudiera amenazar sus planes expropiatorios o fiscalizar rubros de negocios abusivos –los colectivos y las combis asesinas, los buses informales en las carreteras, tienen ya un nuevo paladín– que ahora promete proteger.

Una política de “tierra arrasada” que, en últimas, apunta a quebrar el orden democrático y el Estado de derecho para imponer ideas arcaicas y proyectos descabellados, cuyo fracaso está más que garantizado.

La destrucción de las instituciones que con su trabajo validan la democracia en el Perú solo acarreará mayores desgracias para nuestro país, hoy más que nunca necesitado de inversiones para salir de la crisis económica.

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