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En estas elecciones, la religión ha tomado un protagonismo muy preocupante. Primero porque somos un Estado laico, y segundo, porque las propuestas políticas basadas en la religión parten de los principios y preceptos que deben ser cumplidos únicamente por sus feligreses o seguidores, pero NO por la universalidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en el que gozamos de libertad de culto.
La religión debe mantenerse al margen de los asuntos de Estado porque las políticas públicas se deben elaborar en base a evidencias, en la ciencia, considerando la pluralidad de religiones que se profesan en nuestro país, incluyendo, por supuesto, la religiosidad indígena amazónica y andina.
Un gobierno teocrático según el dpej.rae.es es el “sistema de gobierno de las civilizaciones antiguas en las que lo sagrado asume un papel preponderante, bien porque los gobernantes adquieren su legitimación como consecuencia de su propia condición sagrada, bien porque la ley religiosa adquiere el máximo rango jerárquico de la legislación civil”.
El artículo 2, numeral 3 de nuestra Constitución Política establece la libertad de culto, de manera que no se puede imponer una religión en las políticas de Estado, cuando se debe gobernar para la ciudadanía en la diversidad de confesiones religiosas que pueda ejercer.
Avisadas estamos. Debemos consolidar nuestro sistema democrático basado en las libertades de las personas, no podemos permitir regresar a la Edad Media en pleno siglo XXI.
Disclaimer: Quien escribe esta columna es candidata al Congreso de la República por el Partido Morado.
