Poner sobre la mesa el debate sobre qué hacer ante cárceles hacinadas que pueden volverse infiernos en la tierra si el virus COVID-19 toca sus puertas, ha logrado acciones recientes para descargar los penales. Es un ejemplo de cómo la justicia, un servicio público fundamental, se pone a prueba en esta coyuntura.
La pandemia que azota al mundo orilla a las naciones al borde de varias crisis –sanitaria, económica, ética–, pero también impone desempolvar las agendas que fueron parte de planes que postergamos por fuerza de la inercia o la falta de visión.
En primera línea, la crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia la profunda debilidad de los servicios públicos. No solo hoy valoramos la importancia de la calidad y amplitud de la sanidad pública, sino de servicios esenciales como el agua, la electricidad y la conectividad digital. Pero, además, la crisis nos cuestiona severamente sobre las brechas sociales que saltan a la vista, pues son los más vulnerables de la sociedad los (que resultan) afectados por el virus mismo y los efectos de las medidas de confinamiento para hacerle frente.
En las instituciones públicas del sector justicia, el reto digital ha surgido desde la emergencia como una necesidad impostergable. Como dice el dicho, un infortunio —la cruel amenaza de un virus a la salud de millones de personas— es también una oportunidad.
El Tribunal Constitucional no es ajeno a un sistema de justicia que se caracteriza por su pesada carga procesal y la lentitud de sus decisiones. Nuestra gestión, que ya cumple 100 días, se abocó a mejorar la productividad jurisdiccional y hacer más transparentes y eficaces nuestros servicios.
Cuando se decretó la emergencia sanitaria, adoptamos inmediatamente las herramientas virtuales para sesionar online. El trabajo de la justicia constitucional no podía parar y menos considerando que tiene en sus manos hábeas corpus sobre la libertad de detenidos.
Apenas un poco más de 150 de 7,419 expedientes se encuentran digitalizados. Por ello, la siguiente tarea, después de habilitar las sesiones virtuales, fue seleccionar los casos prioritarios —agendados para vista de causa o por dictaminar— para llevarlos al formato digital. Los voluminosos expedientes cosidos se transformaron así en ágiles archivos, y por fuerza del virus de Wuhan la digitalización de la justicia cobró realidad.
El desafío digital, es decir la posibilidad de seguir funcionando como tribunal y mantener nuestros servicios activos con apoyo de la tecnología, ha sido cumplido, pues en el TC por primer vez en su historia no solo se realizan Plenos virtuales sino que el 29 de abril se realizará la primera Audiencia Virtual, donde los abogados de las partes participarán remotamente.
La Audiencia Virtual nos permite cumplir el anhelo institucional —meta de corte inclusivo— que desde cualquier punto del país se participe de las vistas de causa, ahorrando tiempo y dinero para los litigantes de provincias. Ello porque en las audiencias preCOVID-19 se tenían que trasladar hasta Lima o Arequipa, donde sesiona periódicamente el Tribunal.
Si hay una imagen contundente sobre la transformación vivida, es la de mi colega, el magistrado Manuel Miranda. Él ha pasado más de medio siglo entre expedientes judiciales y escritos en papel, siempre renuente de usar Whatsapp o correo electrónico, pero de pronto se vio ante al reto de participar en una reunión virtual usando su laptop. A sus 81 años, logró el desafío. No será un millennial experto en desenvolverse en el mundo digital, pero su aprendizaje fue rápido y muestra que la voluntad nos pone al ritmo de lo que el deber demanda.
Al escribir estas líneas, la expansión del virus continúa y el país se mantiene unido resistiendo el embate de la pandemia. Esperamos todos que cada familia afectada por la muerte de un ser querido tenga paz y consuelo y que pronto el país se abra a un horizonte de nuevas prioridades como Nación, con instituciones más abiertas al cambio y comprometidas en desafiar los retos para cumplir a su mandato de servir con eficiencia.