La justicia como negocio

El viernes por la noche, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, emitió un mensaje al país, grabado y editado. Además de anunciar que seguirá atornillado al cargo, Chávarry amenazó a la fiscal que dirige la investigación en la que él mismo es uno de los involucrados.

Sin mencionarla, el todavía fiscal de la Nación le dijo a la doctora Sandra Castro, titular de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Crimen Organizado: cuidado conmigo.

Los colaboradores eficaces que han declarado ante la Fiscalía que integra la fiscal Castro han explicado detalladamente, bajo juramento y con la obligación de corroborar todo lo dicho, cómo fue que la banda de Los Cuellos Blancos usó al recién defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura para hacer nombrar y colocar, en los puestos claves de las actuales Corte y Fiscalía Supremas del Perú, a sus compinches. A magistrados corruptos que formaban parte de la organización.

El objetivo era controlar la judicatura para administrar justicia de acuerdo al mejor postor, en sus propios términos, de acuerdo al que pusiera más “verdecitos”.

La organización debía primero copar la cabeza del Poder Judicial y el Ministerio Público para después infiltrar las instancias intermedias y colocar fichas claves en las de investigación preliminar.

El negocio era controlar las investigaciones. Así podrían cobrar dinero y favores a sus anchas.

No los distraería ningún tipo de escrúpulo. La experiencia ganada en la Corte Superior del Callao –donde los jueces integrantes de la banda sirvieron a narcos y sicarios a los que les sobraba la plata– debía replicarse.

Contrario a lo que dicen los políticos que –por razones todavía no claras– defienden a Chávarry, a los fiscales que investigan esta organización no los mueven razones partidarias, ellos no forman parte de ningún movimiento político. Son profesionales que, como la gran mayoría de los ciudadanos, están cansados y asqueados de tanta corrupción.

Después de leer el informe fiscal firmado por la doctora Sandra Castro, se entiende por qué se atreve Chávarry a salir en televisión enseñando la uñas. Se juega demasiado si no lo hace. Lo hemos escuchado hablando por teléfono con otros miembros de la organización. Ha quedado claro que el más interesado en que fuera elegido fiscal de la Nación, era César Hinostroza, el cabecilla de la banda, según la Fiscalía.

¿Acaso hemos olvidado la insistencia de Hinostroza para que Camayo organizara una reunión en la que Chávarry se congraciaría con un grupo de periodistas? ¿No eran esos periodistas los que impedirían que “los caviares” se opusieran y bloquearan la designación?

Debe haber congresistas de Fuerza Popular que no quieren el destino que tendrán sus colegas Miguel Torres y Héctor Becerril. Las declaraciones de los colaboradores eficaces se están corroborando. Este no es un asunto político. Quien mereció el voto popular se debe a sus electores. El fiscal Pedro Chávarry debe ser defenestrado.

El artículo 99 de la Constitución protege a los altos funcionarios del sistema jurídico que delinquen, les garantiza un antejuicio.

En el caso de la infame banda de Los Cuellos Blancos del Puerto, hay cinco jueces y tres fiscales supremos que gozarán de ese privilegio. Uno de ellos es Chávarry.

Esa parte de la Constitución está escrita al revés, se debería castigar de manera inmediata y, sin ninguna contemplación, a quien violó la ley en su provecho y aprovechando su condición de juez o fiscal supremo.

La valentía de la fiscal Sandra Castro merece el respaldo de la ciudadanía. Cuánto coraje debe asistir a una fiscal que tiene que enfrentar al poder encarnado en uno de sus investigados. En hora buena esta investigación recayó en manos de una mujer valiente. El valor es la mejor de las armas.