Los hermanos Chávez Sotelo habían sido detenidos en Lima el pasado 21 de marzo acusados de extorsión. (Foto: GEC)
Los hermanos Chávez Sotelo habían sido detenidos en Lima el pasado 21 de marzo acusados de extorsión. (Foto: GEC)

La noticia de la liberación de los abogados Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo, asesores legales de las comunidades de Fuerabamba y acusados de cometer extorsión en Las Bambas, nos devolvió de golpe a un Poder Judicial de otros tiempos, al de esos jueces que liberaban terroristas, narcotraficantes y violadores, unas veces a cambio de prebendas negociadas bajo los escritorios y otras, por pura incompetencia.

A cuál de estas tristes categorías responde la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, es una incógnita que en algún momento se develará, pero lo cierto es que con ella el Poder Judicial parece borrar con una mano la buena letra que estaba escribiendo con la otra.

Los Chávez Sotelo, o Los Chavelos, como los llamó la Policía al detenerlos, estaban siendo investigados por delitos de extorsión y organización criminal en agravio de la empresa minera MMG Las Bambas, razón por la que la jueza Patricia Valencia, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba, aceptó el pedido de detención preventiva por 36 meses en su contra, planteado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac. Pero ayer, al ser declarada “fundada en parte” la apelación de la defensa, los acusados ya han ganado la calle para seguir con sus cuestionadas actividades. No son pocos los observadores que temen que, con semejantes asesores sueltos en plaza, las negociaciones entre los comuneros, el Estado y la empresa, ya de por sí difíciles, se vuelvan aún más intrincadas, pese a que, como se recordará, la liberación inmediata de Los Chavelos era una de las exigencias de las comunidades.

Además de sentar un pésimo precedente y debilitar la imagen del Poder Judicial en la zona –todo indica que en Lima la justicia está trabajando de una manera intensa en la persecución del delito y en provincias de otra–, la decisión de estos jueces apurimeños sin duda impactará en el curso del conflicto social. Esperemos nomás que el eventual daño que le hagan a las negociaciones no sea insalvable.

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