Habiendo logrado la aprobación de la ley que amplía el Reinfo, los mineros ilegales no piensan dormirse en sus laureles. Ahora están metidos de lleno en la Comisión de Energía y Minas, con la complicidad de su presidente Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), para influir en la Ley MAPE. La quieren a su medida.
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha tomado nota de la gruesa parcialización de Gutiérrez con los mineros informales e ilegales, y ha decidido comunicarle que suspenden su participación en la mesa técnica de trabajo convocada por dicha comisión.
“Es de prioritario interés para nuestro gremio el promover actividades mineras sostenibles y responsables, con énfasis en el respeto del Estado de derecho y las garantías constitucionales que nos permiten funcionar como sociedad y Nación. Lamentablemente, vemos que usted ya sentó su posición respecto a cómo abordar los problemas en torno a las actividades mineras de pequeña escala (…) sin haber terminado de escuchar y analizar las opiniones y propuestas técnicas de los invitados a la mesa”, señala la carta de Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE.
En esas condiciones es, pues, difícil sentarse a conversar para llegar a acuerdos, porque esto ni siquiera beneficia a la minería artesanal de verdad. Con la permisividad de la norma se la empuja a esta hacia prácticas delictivas, propias de la rapacidad de los ilegales, que buscan mineral sin respetar la propiedad ajena, el medioambiente ni las normas que regulan esta actividad cuando se trata, por ejemplo, de proyectos a gran escala. Al facilitarle la vida a estos depredadores (“bárbaros Atilas”, diría nuestro gran poeta César Vallejo), los focos tóxicos dedicados a tan destructivo negocio se multiplicarán en todo el territorio nacional.
De prosperar la sibilina voluntad de extender una patente de corso a los ilegales de manera indefinida, que se ha hecho evidente en la comisión congresal, lo que queda entonces es que la sociedad civil, las instituciones, la ciudadanía, los partidos democráticos levanten su voz de protesta.
Recordemos que una encuesta de Ipsos, realizada hace pocos meses para América Televisión, registró que el 43% de peruanos calificaba el impacto de la minería ilegal como “muy negativo”, mientras que para el 22% era “algo negativo”. Es decir, hablamos de una actividad delictiva que el 65% de ciudadanos percibe como dañina para el Perú.
Si en el Congreso han decidido jugar abiertamente en contra de los peruanos, es el momento de dar la voz de alerta y rechazar los oscuros intereses que aceitan ciertas curules en el hemiciclo.
