Hace muy bien el ministro Giuffra en rescindir la concesión de Chinchero con Kuntur Wasi (KW). Según Giuffra, KW era intransigente en la negociación para un final de mutuo acuerdo: habría exigido US$65 millones por sus gastos, muy por encima de los US$24 millones que estimaba el Estado. Peor aún, KW se habría negado a que sus gastos sean auditados por Ositran.
De acuerdo con el contrato de 2014, KW se comprometía a conseguir financiamiento y a que este fuera aprobado por el Estado. El problema es que el contrato no fijaba la tasa de interés que el Estado debía pagar. Como referencia, si el Estado hace el aeropuerto como obra pública, sin concesionarlo, lo financiaría a una tasa de interés inferior al 7%.
En julio de 2016, KW presentó una propuesta financiera leonina con un interés del 22%. De haber aceptado, el Estado hubiera pagado US$265 millones por el aeropuerto más US$587 millones en intereses. Un absurdo. Como era de esperarse, el MTC rechazó la propuesta de KW al encontrarla perjudicial. Ese era el momento de rescindir el contrato por incumplimiento de KW.
Sin embargo, de súbito y en un giro de 180 grados, el MTC acudió al rescate de KW con una lesiva adenda: KW ya no debía preocuparse de conseguir financiamiento pues se le pagaría de acuerdo con el avance, pero igual se mantenía el plazo de 40 años de la concesión. Más aún, de forma inexplicable, el Estado se creaba la obligación de darle US$40 millones de adelanto a KW. Debido a los desembolsos anticipados, la lesiva adenda causaba un perjuicio económico para el Estado que César Gutiérrez ha estimado en cerca de US$70 millones.
La adenda y su posterior incumplimiento por parte del propio Estado le dan una causal a KW para una demanda internacional. Pero el Perú podría enfrentar esta demanda con éxito pues la razón fundamental del fracaso de Chinchero es el incumplimiento de KW en conseguir financiamiento razonable. La actitud intransigente de KW también debería ponderarse. Hay, además, dudas sobre la espalda financiera y eficiencia de KW: uno de los socios perdió S/77 millones en 2016, el otro tiene un récord accidentado de juicios e investigaciones en Argentina y Paraguay.
Es un misterio insondable por qué PPK, Vizcarra, Thorne y Zavala parecían obsesos con sacar adelante Chinchero con KW a toda costa. Su terquedad, inmune a críticas y advertencias, le costará muy caro al ciudadano. La rescisión unilateral costará US$8.8 millones, sin contar el reembolso a KW ni el pago a los abogados. ¿Apoquinarán algo del costo de su terquedad los responsables de la lesiva adenda?
