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Según la mayoría de expertos, la reconstrucción del país luego de los desastres producidos por el fenómeno de El Niño costero durarán, al menos, unos tres años. Léase, desde hoy hasta mediados de 2020.

Para que dicha reconstrucción se produzca de manera, ojalá, eficiente, se requieren varios factores trabajando de manera simultánea; entre ellos, claro está, que las autoridades locales y regionales conozcan la realidad, el manejo de las cuentas y los procesos públicos, tengan capacidad de gestión, un equipo armado, etcétera, etcétera. Léase, se requieren autoridades que tengan tiempo en el cargo. Pero hoy contamos con una realidad que hará difícil, si no imposible, que ello ocurra: una ley que imposibilita a las actuales autoridades locales y regionales presentarse a la reelección en el proceso de 2018.

Veamos entonces el panorama. Las actuales autoridades no tendrán los incentivos políticos para trabajar de manera eficiente y decidida, con el conocimiento que ya tienen, hasta las elecciones de 2018. Y las nuevas autoridades elegidas en el proceso de 2018 se tomarán al menos un año (es lo que calculan que toma aprender lo que implica el encargo) en estar a la altura de las necesidades de la reconstrucción y las poblaciones afectadas. En otras palabras, recién a fines de 2019.

El resumen de esto es simple: hay que revisar, cuanto antes, si conviene o no la vigencia de dicha ley. Dicho esto, fueron claras las motivaciones de la misma: entonces se había destapado una ola de corrupción a lo largo y ancho del país, y se creyó que limitando el tiempo de gestión efectiva (1 plazo máximo) se desincentivaba dicho comportamiento. No se pensó o avizoró una crisis de esta magnitud, se pensó (imagino) que con dicha norma se limitaban los incentivos perversos y punto.

Lo que sí es preponderante es poner este tema a debate cuanto antes, para que el Ejecutivo tenga muy claro qué deberá esperar los próximos tres años, con quiénes trabajará y, por lo tanto, cómo estructurar dicha reconstrucción. Esperamos pronto dicho debate.