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Las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron, hace unos días, el proyecto de ley 1027 que dice proteger la libertad y el derecho a la información de los ciudadanos, pero que en verdad parece una coacción abierta a la misma, a través de limitar la libertad de prensa.

Escudadas en el espacio común de la necesidad de garantizar una prensa limpia, objetiva e independiente, el proyecto de ley limita la participación en medios de aquellos sentenciados por corrupción como por aquellos investigados por el Ministerio Público. Exigen al Ministerio de Comunicaciones, igualmente, que implemente "mecanismos" que garanticen el cumplimiento de la ley.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera la ley "alarmante", y no le faltan motivos. Basta con que cualquiera interponga una denuncia que el Ministerio Público decida llevar adelante para, automáticamente, limitar el libre ejercicio de la profesión. En otras palabras, será muy sencillo utilizar dicha ley para limitar la libertad de prensa; y, a sabiendas de la precariedad institucional en la que vivimos, no serán raras dichas investigaciones contra todo aquel que se vuelva inconveniente.

Estas iniciativas de limitar la libertad de prensa, que aparecen cada tanto tiempo, tienen mucho sentido para el actor político, pero perecen por el mismo motivo: la subjetividad que rodea al tema.

Como advertimos, apenas terminó el proceso electoral 2016, el fujimorismo iría detrás de una revancha en el campo mediático. Identifican a los medios como parte importante de la responsabilidad de la derrota. El problema es que en esta estrategia, cometen dos errores: en primer lugar, nos recuerda su actuar durante los nefastos años noventa, cuando compraron a la prensa sin ascos (imposible olvidar los 'vladivideos'); en segundo, refuerza esa identificación del fujimorismo con tendencias autoritarias y coercitivas. Parece que, como en la fábula del escorpión, no pueden ir contra su naturaleza.