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Las congresistas de Fuerza Popular Úrsula Letona y Alejandra Aramayo han presentado, como sabemos, un proyecto de ley que busca –según consta en el titular– "proteger el derecho a la información" de los ciudadanos, limitando para ello la participación (sea como accio-nistas, directivos u otros) de personas condenadas por delitos de corrupción. Es decir, el proyecto de ley buscaría –en el mejor entendimiento del mismo– que aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción se mantengan alejadas de la línea editorial de un medio, permitiéndole a la ciudadanía recibir información independiente y objetiva.

La propuesta de ley ha sido recibida por la ciudadanía con cierta simpatía, y por la prensa con absoluto rechazo. La segunda entiende el proyecto, más que como una herramienta de "limpieza" moral o mejora de la calidad del sector, como una mordaza a la libertad de prensa y de expresión. En una carta, muy bien sustentada por cierto, del presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca Rey, se esgrimen tantos problemas con la propuesta que ameritaría, por parte de ambas congresistas, una pausa y una profunda reflexión, amén de un amplio debate sobre el mismo.

Pero el problema que los medios no atienden, y deberíamos, está en la percepción de la ciudadanía (que, además, me temo, es la misma sensación que encamina a dichas congresistas en la promoción de esta norma), y es que la prensa peruana, en general, no está actuando a la altura de las demandas ciudadanas: léase, que no somos lo suficientemente objetivos, que los dueños (y a través de ellos sus empleados) se guían por intereses personales o empresariales, que abusan de su poder, que no aceptan sus errores, dentro de un larguísimo etcétera.

Si el problema de fondo es la calidad del periodismo peruano, creo que, en efecto, hay mucho por hacer (y corregir). Esta propuesta, sin embargo, yerra en dicha búsqueda. En resumen, que ambos lados tienen que hacer un paréntesis y revisar sus principios, objetivos y armonizarlos.

En lo personal, siento que la prensa peruana está muy lejos de cumplir con los estándares que la ciudadanía merece. Sobran los pasquines financiados para fines políticos, los medios no brindan mecanismos de defensa a los agraviados, no hay autorregulación en general, menos aún una disculpa con los lectores cuando se han excedido de alguna forma, y así. Es justamente por dicha preocupación establecimos, hace ya casi tres años, la figura del Defensor del Lector en Perú21, así como un implacable Decálogo (con el cual hemos sido casi inflexibles). Y aun así tenemos mucho por mejorar.

Si el interés de las congresistas es incentivar las mejoras en la calidad del periodismo local, enhorabuena. Pero esta ley no es la forma, y sin dudas tampoco –de llegar a promulgarse– cumpliría su rol. El corrupto, por naturaleza, buscará cómo sacarle la vuelta a la misma, lo cual (de acuerdo a la propuesta) sería, además, muy simple: basta con que un testaferro lleve la batuta y se acabó, el medio existe y se guía bajo los cánones del corrupto.

Por un lado, entonces, creo que harían bien las congresistas Letona y Aramayo en retroceder para poder avanzar. Dicho sea de paso, en este momento hay una seguidilla de proyectos de ley antimedios; ¿se puede debatir abiertamente con esa presión? ¿Es válido tener estas amenazas pero decir "sentémonos a conversar"? Creo que no.

Por otro lado, la prensa peruana tiene también que actuar sobre esta percepción mayoritaria de la ciudadanía. No podemos seguir haciendo como si estas brechas (entre lo que estamos brindando y lo que la ciudadanía espera) no existieran. Hay medios que calumnian a diario, insultan, mienten, esconden noticias, levantan cortinas de humo, y la sensación es que eso no es libertad de prensa ni de expresión, sino abuso de una práctica que busca, en principio, el bien común.

En resumen, lo más prudente y sensato a sabiendas de lo que implica afectar la libertad de prensa y expresión es que se realice un amplio debate, sin cuchillos en el cuello; para pedir ese espacio, los medios también tienen que hacer una autocrítica y formular un camino que resuelva, a la larga, esa brecha que mencionamos.

Si en verdad la mejor ley de medios es aquella que no existe, como bien sostiene Bernardo Roca Rey en su carta, para ello la ciudadanía tiene que estar convencida de que esos "medios" son, en efecto, mecanismos de información veraz y objetiva. Trabajemos en eso, hagamos nuestra tarea. De lo contrario, alguna ley aparecerá, y ya no habrá tiempo para corregirnos.