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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Hace pocos días conversé con un alto funcionario de la Contraloría. Fue una conversación larga, donde me explicó la situación actual, los procesos y las limitaciones con las que trabajan. Fue inevitable desmenuzar, desde la memoria, los procesos de la anterior administración: satélite francés, pasaportes, aviones y armamento en general, Talara, Línea 2 del Metro, Gasoducto del Sur, entre otros.

En una pausa se me ocurrió preguntarle a cuánto ascendería el total de casos por investigar (léase, no toda la compra y el gasto a lo largo de la gestión humalista, sino solo aquellos casos donde había indicios –algo raro, llamativo, inusual– y que, por lo tanto, deberían ser investigados). Su respuesta me dejó perplejo: US$50,000 millones. Este es el monto que, en opinión de este alto funcionario, debería ser revisado. En lo personal, no sé si serán US$50,000 millones, pero calculo que son al menos US$30,000 millones.

Por supuesto, no es "se robaron US$50,000 millones". No. Ese es el monto total que –cree– debe ser investigado. Ahora, conociendo nuestro pasado y presente, una parte de aquellos miles de millones sí serán parte de negociados y corruptelas, y que pudieron invertirse en fines más productivos, como mejorar nuestra infraestructura educativa o vial, en mejoras institucionales, en fin, en tantas cosas que reditúen en beneficio de todos los peruanos. Y luego, claro, el daño moral y económico a todos los contribuyentes.

Ante esta realidad, que imagino es conocida por la actual administración, ¿qué se ha presentado a la fecha en cuanto a lucha contra la corrupción? Salvo la reforma y ampliación de la UIF, muy poco. El punto 3 del pedido de facultades legislativas plantea una autoridad para la transparencia y acceso a la información pública, la muerte civil de funcionarios corruptos y un par de propuestas más. No hay una visión estructural, seria y completa anticorrupción, ni tampoco un plan de auditorías, un zar, fiscales y juzgados ad hoc, tratados con organismos internacionales, u otra figura que modernice la lucha anticorrupción.

Por supuesto, queda aún tiempo para ajustar la propuesta y por ello el pedido: no dejemos pasar esta oportunidad.