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Siempre me ha llamado la atención la manera como muchos liberales en lo económico se oponen, y a veces fanáticamente, a las libertades sociales, culturales y/o sexuales. Digo, la libertad –al menos así la entiendo– debería ser una filosofía y práctica holística. Así como un liberal entiende que una persona actúa en el mejor de sus intereses (al comprar, vender, invertir o lo que sea) en el plano económico, porque solo él sabe qué es lo que más le conviene o gusta, pues es lo mismo en lo social (dónde vives, actúas, estudias, transitas, convives), cultural (qué escuchas, ves o disfrutas), y sexual (con quién te acuestas, de quién te enamoras).

Algunos liberales, como digo, actúan pues más como conservadores que como tales. Se horrorizan si un medio levanta una nota sobre una pareja gay, sobre una relación interracial o demás. Etiquetarlos ("eco-liberales", o algo por el estilo) sería una tontería y pérdida de tiempo. Lo que sí quisiera es reflexionar un poco sobre la cobertura de Perú21 respecto a este tema, y algunas áreas que –creo– estamos dejando de ver todos, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de dichas libertades y derechos.

En principio, debemos partir por diferenciar la posición del diario de la cobertura que, sobre dichos temas y como muchos otros casos, hace el mismo. Desde sus inicios, Perú21 ha sido un diario progresista respecto a las libertades sexuales y a favor del respeto a los derechos de las minorías. Tanto bajo la dirección periodística de Augusto Álvarez Rodrich como de Fritz Du Bois, el diario fue abierto al tema, a través de diversas columnas de opinión, cobertura periodística, informes y demás piezas, a favor de la opción sexual de cada uno, del respeto a sus decisiones y en apoyo a sus derechos como ciudadanos.

Durante estos tres años y medio, como saben, hemos subido un poco el nivel. Esta no ha sido una decisión individual, por cierto, sino fruto de mucha comunicación interna, debates e intercambios de ideas. Somos una redacción, si se quiere, mayoritariamente unida bajo esta apuesta. Hemos demostrado nuestra postura vía informes, portadas, columnas de opinión, en fin, de tantas maneras que creo que no hay duda de ello. De nuevo, creemos en dichas libertades y apoyamos el respeto de sus derechos.

Pero entendemos que una cosa es la postura del diario y otra, muy distinta, es la cobertura. Intentamos activamente, porque esto no es matemático, no caer en la desinformación o en el uso del poder del diario para imponer una agenda específica. Para ello, nos preocupamos de cubrir las distintas posturas (desde ultraliberales hasta ultraconservadoras), sin tampoco caer en un juego de suma-cero. Simplemente nos guiamos por ser objetivos y lo más independientes posible cuando de cubrir una nota o información se trata. Nos habrán ganado en algún momento nuestras creencias, pero al menos somos sinceros con nuestro esfuerzo. No es el único plano, por cierto, donde practicamos esta búsqueda por la objetividad e imparcialidad.

Dicho todo esto, en la batalla de aquellos derechos, la cosa parece estancada. Entre los últimos 4 años casi no se han movido las preferencias. En una encuesta de Datum, publicada en octubre de 2013, el 25% se encontraba a favor de la unión civil mientras el 70% se encontraba en desacuerdo. Las cosas mejoraron muy poco hacia 2016: en setiembre un 28% se encontraba de acuerdo y un 65% en desacuerdo. En la última encuesta de febrero de 2017, un leve retroceso: 28% están de acuerdo y 68% en desacuerdo. Si de balances se trata, un avance mínimo, si algo.

Esta información nos debe llamar a la reflexión. Para empezar, es claro que tratar de imponer el tema no es –nunca sería– sensato. De hecho, puede terminar siendo contraproducente. Quienes están (estamos) a favor de dichas libertades deben (debemos) hacer un esfuerzo por entender, aceptar y dialogar con la otra vereda. Por la fuerza no se ganan estas batallas.

Luego el problema de fondo: lamentablemente, este statu quo desincentiva la acción política, desmoviliza a quienes creen que apoyar esta causa puede crearles costos personales (sociales o laborales, por ejemplo), y –el más grave– miles (si no millones) de personas siguen viviendo estigmatizadas, humilladas y desprotegidas.

En el mundo, cada día son menos los países que, como el nuestro, se inmiscuyen en la vida sexual de las personas o que limitan sus derechos como ciudadanos. Desde Perú21 haremos nuestro mejor esfuerzo para informar, educar y, así, aportar al debate y, quién sabe, ser parte del cambio.