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En entrevista al diario Correo, el economista Manuel Romero Caro sostiene que el contrato del Gasoducto Sur del Perú (GSP) se hizo "a la medida de Odebrecht". Y por lo que relata, todo apunta a que fue así: la empresa habría presentado una serie de pedidos al gobierno, los ejecutivos se reunían (según un colaborador eficaz) con representantes de Proinversión, y el CEO de Odebrecht, Barata, se reunía con la Sra. Nadine Heredia para destrabar problemas.

El GSP no es el único proyecto "hecho a la medida" del concesionario. Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que tragarse sapos y culebras convirtiendo el aeropuerto de Chinchero en "obra pública".

¿Cómo así? Pues, en simple, el contrato: en el original, el concesionario tomaba un crédito que era pagado por el Estado, mientras que ahora –gracias a una adenda– el Estado adelanta los recursos para ahorrarnos el gasto financiero. Claro, todos se han quedado vociferando por esta "gracia" del MEF, pocos han reparado en que con el contrato original habríamos tirado casi US$589 millones al agua.

Chinchero y GSP no son los únicos contratos benignos con la empresa privada. Ahí están Rutas de Lima, el satélite francés, los pasaportes, Talara –entre muchos otros– sobredimensionados, entregados a dedo e hiperrentables para el ganador.

¿Cuál es la razón fundamental por la cual en un gobierno los costos de un proyecto se multiplican (y a veces por 4 o 5)? La respuesta obvia es corrupción.

Ahora, ¿era la Sra. Heredia una ex banquera de inversión o administradora de megaproyectos que entendiera cómo hacerle las cosas fáciles al concesionario? Por supuesto que no. Acá hay que investigar, sin dudas y en concreto, a la tecnocracia humalista, que hoy se pasea por medios como impolutos y profesionales. Hay que revisar, por supuesto, todos los contratos e iniciar las acciones legales que correspondan. Es un escándalo el nivel de corrupción que estamos percibiendo y por ello este gobierno debe actuar con firmeza (a menos que desee quedar como parte de la misma).