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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El arresto del ex presidente panameño Ricardo Martinelli en tierras norteamericanas ha puesto sobre el tapete la anodina iniciativa jurídica por traer al ex presidente Alejandro Toledo para que responda ante la justicia peruana. Y es que, estudiado el caso, todo apunta a un pésimo ejercicio fiscal.

El ex presidente Alejandro Toledo enfrenta, ante la justicia local, dos procesos que se encuentran en instancias distintas; el primero, el caso Ecoteva, que es –en simple– un caso de lavado de activos; el segundo, el caso Odebrecht, en el cual se le investiga por corrupción. Es con base en este último que el fiscal Hamilton Castro busca traer al ex presidente al Perú. Lamentablemente, es el caso más débil para traerlo; el caso en el que las pruebas y testimonios son robustos es aquel de lavado de activos, y por eso es que el fiscal Castro busca unir ambos casos: dado que su iniciativa fracasó, ahora busca lucirse con el caso que mejores posibilidades tiene.

Unir ambos casos, sin embargo, pondría el proceso de extradición en riesgo por al menos dos motivos: el primero, jurídico (la ley de crimen organizado prohíbe adecuar un caso del modelo procesal anterior al nuevo); el segundo es probatorio. El fiscal Castro no conoce el caso Ecoteva, que además se encuentra rumbo a su etapa final (mientras el caso Odebrecht, de corrupción, aún está en etapa intermedia).

Lo que debe hacer el Ministerio Público es facilitar la colaboración de Josef Maiman, vía la Fiscalía de Lavado de Activos. Maiman iba a colaborar con Castro, pero el pedido de detención de la fiscal Rosana Villar paralizó esa negociación (lo que no significa que se haya caído).

Si se unen ambos casos, es muy probable que el ex mandatario tenga en bandeja de plata el sustento legal que lo exima de la justicia. El fiscal Pablo Sánchez tiene que exigirle al fiscal Castro que apoye el objetivo común, y deje de ver este caso como un trampolín a la fama.