Los periodistas Aldo Mariátegui y David Rivera empezaron, aunque breve, un interesante debate sobre el tamaño del Estado. Por un lado, Aldo sostiene que nuestro Estado es ineficiente y que, por ello, más que ingresos, lo que requerimos son reformas. David –por su parte– señala, reconociendo lo ineficiente que es el Estado, que igual tiene un problema de financiamiento y para ello nos compara con países de la región y el mundo desarrollado. No he sido invitado al debate, pero introduzco algunas ideas.
Tal vez lo primero por resaltar es la opinión, casi unánime, sobre la ineficiencia del Estado peruano. Si tuviéramos que resumirlo, el Estado peruano es ineficiente (hace las cosas mal), oneroso (las cosas que hace mal terminan costando más de lo usual) y corrupto (que explica lo segundo). Miren cualquier estudio comparativo global y nos encontraremos al fondo de la tabla en casi cualquier servicio que brinde el Estado, empezando por la educación y la administración de justicia. Todo esto merma la capacidad de empresas y personas para conseguir sus objetivos de vida.
¿Podemos curar estos males con más recursos? Salvo que dicho capital se destine a reformas que aseguren (vía estudios, pilotos u otros) una mejor calidad de los servicios, creo que no. Pero, ¿qué hacemos con el comparativo regional y global que David nos presenta? Porque, al margen de si uno está a favor o en contra de un Estado más grande, lo cierto es que en el comparativo estamos por debajo de la media. Según cifras del portal datosmacro.com, nuestro gasto público en el 2014 fue cercano al 22.5%, menor en comparación con nuestros socios en la Alianza del Pacífico: Chile (23.7%), Colombia (29.2%) y México (28%), y mucho menos que los progresistas Argentina (35.4%), Bolivia (38.5%), Ecuador (44%) y Venezuela (31.5%).
Volvamos entonces a la pregunta, y mejor aún, a la lógica detrás del tamaño del Estado. Hay dos premisas medianamente consensuadas en la población y la academia: primero, existe un ratio entre lo público y lo privado –o Estado y mercado, en algunos ejes– que se fundamenta en el famoso contrato social de Rousseau. Lo que estamos debatiendo es, justamente, ese ratio (que, por cierto, va desde el miniarquismo de Nozick hasta el comunismo cubano o norcoreano).
Lo segundo es que lo privado financia lo público. Es crucial tener esto en cuenta: no existen recursos públicos que no provengan del ámbito privado. Los ingresos del Estado, cualesquiera que sean estos, provienen de la actividad privada vía impuestos (u otra forma escondida de ellos) o de entidades públicas que se financiaron con… recursos privados. ¿Cuál es el costo de oportunidad del sol (o la moneda que prefieran) en manos de la actividad pública y no privada? Este debería ser el fondo del asunto: estando todos (casi todos) de acuerdo en financiar un Estado, ¿qué rol debe cumplir y, por lo tanto, cuál sería el tamaño óptimo?
En la antigüedad, el consenso era que debía ser, en términos relativos, pequeño: el promedio histórico de los países más ricos del mundo da cuenta de la evolución: en 1913 era cerca del 13% y en el 2010 cercano al 50%.
Esto puede tener dos lecturas: una, que en efecto se requiere una alta carga tributaria (más Estado) para llegar al desarrollo; la otra, que los países desarrollados llegaron a ese nivel de manera inteligente: la carga era baja cuando los países transitaban hacia el desarrollo industrial y tecnológico, incentivaban las inversiones (que proveían puestos de trabajo), para luego preocuparse más en la redistribución de la riqueza.
Así, en 1870 (cuando el porcentaje de gasto público era 10.4% promedio), países como Estados Unidos tenían 7.3%, Inglaterra 9.4%, Suecia 5.7% y así. Hoy (datos del 2009), EE.UU. tiene 42.2%, Inglaterra 47.2% y Suecia 52.7%. En dicha línea se encuentra el aporte al debate del analista Fernando Cáceres.
Dicho sea de paso, si comparamos a Perú y estos países desde el punto de vista del gasto público en niveles similares de ingresos por persona, no estamos tan lejos: en 1937 el promedio de gasto público de los países desarrollados era 23.8%, cuando el PBI per cápita era US$4,730 en Europa occidental y US$6,430 en Estados Unidos, no muy lejano de nuestro actual 22.5% de gasto público con ingresos de US$6,750.
En resumen, se entiende la creencia de "mayores ingresos brindarían una mejor calidad de servicio", pero ello ni es necesariamente cierto ni es algo que se pruebe en la experiencia histórica.