Juan José García: Apagando fuego con gasolina

El circo político que presenciamos la semana pasada permitió que un incoherente proyecto de ley pase desapercibido ante la opinión pública. La congresista Marisa Glave presentó el martes pasado una iniciativa para modificar la Constitución, con la finalidad de que el Estado peruano participe activamente en la actividad empresarial, ya que –a su entender– este tiene razones “estratégicas” y requiere salvaguardar los intereses nacionales.

Lo preocupante, pero no sorprendente, es que la propuesta ignora por completo la infructuosa experiencia peruana en el desarrollo de empresas estatales durante la dictadura militar, Belaunde II y García I. Asimismo, paradójicamente, Glave socava solita con este proyecto de ley una de sus victorias legislativas: lograr que se reconozca el derecho al agua en la Constitución. ¿Cómo es esto posible?

Actualmente, en pleno siglo XXI, existen en Perú cerca de 7 millones de ciudadanos que no están conectados a la red de agua potable y desagüe. Esto se debe a que, durante los últimos 25 años, las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) –gestionadas públicamente– fueron incapaces de generar recursos, invertir y mejorar los servicios.

Por si esto fuera poco, la mitad de las EPS cuentan en promedio con (i) una cobertura de agua potable del 79%, (ii) una continuidad de solo 11 horas al día y (iii) un nivel de tratamiento de aguas residuales de 0% (sí, cero).

Además, el rendimiento promedio del sector saneamiento entre 2006 y 2014 fue de -0.3% y, en el mismo periodo de tiempo, su nivel de endeudamiento pasó de 80% a 145% (CpR). No hace falta hurgar en el pasado evidencia “cliché” para comprender los problemas que la gestión pública empresarial genera. Basta con ver las cifras actuales de algún elefante blanco (Petroperú, Essalud). No seamos tan torpes –otra vez– para pretender apagar fuego con gasolina.