El combate al pensamiento informal

Cuando escuchamos hablar de la informalidad en el Perú, instintivamente imaginamos las calles abarrotadas de vendedores ambulantes. Las causas de esta, según un estudio de la OIT, están vinculadas a la incapacidad del sector formal de generar trabajo estable. Hernando de Soto opina que se debe a los altos costos para ser formal, los trámites engorrosos, impuestos elevados y la ineficiencia y corrupción de las entidades públicas. (Las causas de la informalidad, Fernando Villarán. 05/2019 en RPP).

Pero hoy nos referiremos al “pensamiento informal”, el que medra (e impera) históricamente en los pasillos de los tres niveles de gobierno: Nacional, regional y municipal, y por qué no decirlo, en los predios del sector privado, de grandes, medianas y pequeñas empresas.

No se puede negar que el gobierno tomó algunas decisiones correctas durante la pandemia. Sin embargo, el pensamiento informal quedó develado con el “apresuramiento” en la compra de kits para el COVID-19; las 4 cuarentenas (incluida la propuesta de género de Farid Matuk); la “meseta” o “curva”; el incremento de fallecidos de la primera línea de combate; la compra sobrevalorada (y de mala calidad) de equipos de protección como mascarillas (corrupción en la PNP, ministerios, Contraloría y otras entidades del Estado); falta de previsión sobre el oxígeno; y la contratación de personajes cuestionables (Swing), entre otros.

Otra expresión del pensamiento informal, es la del alcalde de Magdalena (y algunos congresistas) a quienes se les ocurrió promover con entusiasmo que las FF.AA. participen en la lucha contra la delincuencia, sin consultar a los profesionales en seguridad y orden interno, ni recurrir a la experiencia internacional (ningún país lo hace) o medir las consecuencias de su “proyecto piloto” que, cuando sea replicado en otras municipalidades donde si hay fuerte presencia criminal (que no es el caso de Magdalena), podrían tener consecuencias negativas.

Hay que combatir el pensamiento informal en el Estado elevando los estándares de calidad de sus procedimientos, utilizando la tecnología de manera óptima, cerrándole paso a la corrupción que no podrá “meter mano” en los procesos, y encarcelando estafadores consuetudinarios (funcionarios corruptos), que dan siempre “gato por liebre”. La empresa privada deberá elevar al máximo sus procedimientos de Compliance para contribuir en el esfuerzo del Estado por formalizarse; de lo contrario, seguiremos siendo devorados por la mediocridad, la corrupción y el caos.