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Todas las semanas un inocente es asesinado en las calles limeñas por malos conductores. No todas las semanas el caso salta a los medios de comunicación y despierta indignación. Excepcionalmente se llega a hacer justicia.

José Armando era un estudiante de la UNI que, como ya sabe usted por la prensa, fue atropellado por un conductor ebrio y, días después de permanecer en coma, falleció. Mientras ello sucedía, el fiscal Humberto Ruiz Peralta daba libertad al infractor –suboficial EP Jesús Jerí–, quien ahora permanece como no habido luego de que el fiscal se retractase ante la presión pública.

El caso de José Armando destila rabia e impotencia porque revela todos los pasos de corrupción e injusticia con que choca el ciudadano peruano cuando cae en situaciones de gravedad. La elección de la instalación médica que acoge a la víctima urgida de atención (dependiendo del SOAT), la elaboración displicente y convenida del atestado policial en las comisarías, la realización de dosajes etílicos con trampa, el procesamiento de la acusación por la Fiscalía y las sanciones respectivas son etapas que aumentan los niveles de impunidad ante un ciudadano desprotegido que lucha por su derecho a la vida.

Todos somos José Armando, no solo porque nos solidarizamos con su familia, sino porque pertenecemos a un sistema estatal colapsado e ineficiente que no ejercita su responsabilidad social y política de resguardarnos ante el azar desventurado. En Perú, el sistema no solo discrimina en perjuicio de minorías; es funcional apenas para muy pocos. La indiferencia y pasividad de las autoridades políticas convierten la infamia en burla. Ya los universitarios de la UNI salieron a las calles, primer indicador de que la paciencia se acaba.