Jorge Nieto Montesinos: No soplar la pluma

Sociólogo, consultor político internacional

Curioso baile de máscaras el suscitado en el actual proceso electoral. Quienes claman al cielo contra la desgracia de la tramitología en el ámbito económico, ante la emergencia de una candidatura levemente inquietante, se vuelven defensores a ultranza de todos los vericuetos legales y administrativos de las leyes electorales. Tramitofílicos.

Al revés. Los defensores, hasta la víspera acérrimos, de las reformas que tendían a fortalecer la democracia interna de los partidos ahora descubren que ellas son meros asuntos administrativos. Cosa menor. Se indignan contra las reglas y los procedimientos excesivos, su uso y abuso, interpretando en clave conspirativa cada señal y decisión. Tramitofóbicos.

Olvidan ambos que la democracia es un conjunto de reglas y procedimientos para organizar la disputa por el poder político, cuyo sentido viene dado por un contexto de prácticas. A diferencia de lo que ocurre en las telenovelas, donde entre el bien buenísimo y el mal maléfico no hay dilema moral, en la vida real, como en la tragedia griega, elegimos casi siempre entre valores de aprecio semejante. Por eso la decisión es trágica. Pero defienden sus parcialidades. Se entiende.

¿Garantías procedimentales para la democracia interna a cualquier precio o derecho absoluto a la participación política más allá de toda norma? Este es el dilema. Si se hubiera planteado cuando el candidato de Todos por el Perú era políticamente inexistente, nadie habría levantado una ceja, aunque la cuestión siguiera teniendo consecuencias para la calidad de nuestra democracia. Hoy no es así. Y eso añade presión adicional a la que ya soportan los jueces. Esperamos de ellos una decisión de acuerdo a ley y fundada en un razonamiento político constitucional sólido. Nada más. Nada menos. ¿Por qué debe primar un valor sobre el otro? ¿Es más problemática la ausencia de democracia interna o la exclusión de opciones? ¿Por qué? Una vez decidido, debe valer para todos. Si no, un razonamiento de apariencia estatal se convierte en mojiganga facciosa.

Este Jurado ha mostrado cierta fragilidad para asumir el poderío que su autoridad comporta. Que esta decisión deba tomarse a estas alturas indica que algo está muy mal, pero es una oportunidad para corregirse. Y darnos garantías indubitables de certidumbre e imparcialidad. La calidad de nuestra democracia sí está en juego. La de la autoridad electoral también. No es bueno soplar la pluma. ¡Ah! Y todo esto nos recuerda cuánto urge una reforma política integral.